El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido el 23 de mayo en Córdoba, conmocionó al país y abrió una serie de interrogantes que van más allá del crimen. Mientras la Justicia avanza sobre el principal sospechoso, también crecen los cuestionamientos por la actuación de los investigadores, los antecedentes del detenido y sus vínculos políticos.

La causa tiene como único acusado a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien en las próximas horas podría fue imputado por femicidio. Sin embargo, el expediente también puso bajo la lupa el funcionamiento de distintos organismos del Estado.

Cómo ocurrió el crimen

Según la reconstrucción de los investigadores, Agostina ingresó la noche del 23 de mayo a una vivienda de barrio Cofico junto a Barrelier, quien había mantenido una relación con la madre de la adolescente.

La joven les había dicho a amigas y al remisero que la trasladó hasta el lugar que iba a encontrarse con el entonces "novio" de su mamá para preparar una sorpresa. La principal hipótesis judicial sostiene que se trató de un engaño elaborado por Barrelier para atraerla hasta su casa.

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Los resultados preliminares de la autopsia apuntan a un posible intento de abuso sexual. Los investigadores creen que el asesinato se produjo entre las 22.30 del sábado 23 y la una de la madrugada del domingo 24 de mayo.

De acuerdo con la acusación, el cuerpo permaneció en la vivienda durante más de un día hasta que el sospechoso consiguió un automóvil prestado y trasladó los restos hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados tras varios días de búsqueda.

Las críticas a la investigación

Uno de los puntos más cuestionados es la demora en la activación del Alerta Sofía, el sistema utilizado para la búsqueda urgente de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. La herramienta recién fue puesta en marcha el miércoles 27 de mayo, varios días después de la desaparición.

También generó críticas el tiempo transcurrido entre la denuncia realizada por la familia y la detención de Barrelier. Los familiares habían señalado al hombre como una de las últimas personas que estuvo con Agostina, pero fue arrestado recién el martes por la noche.

Otro aspecto bajo análisis es que los primeros allanamientos en la vivienda no arrojaron resultados relevantes y recién días después se realizaron peritajes más profundos con luminol y otras técnicas forenses, que permitieron detectar indicios compatibles con un hecho criminal.

Las críticas también alcanzaron al Ministerio de Seguridad de Córdoba. Familiares de la adolescente cuestionaron la escasa visibilidad que tuvo la búsqueda durante los primeros días y señalaron que las autoridades estaban concentradas en los festejos deportivos por la final del Torneo Apertura.

El antecedente que encendió las alarmas

La investigación reveló además que Barrelier tenía una causa penal abierta por un episodio ocurrido en mayo de 2025.

Según esa denuncia, una joven logró escapar de la misma vivienda de barrio Cofico donde ahora se investiga el crimen de Agostina. La víctima declaró que había sido engañada, amenazada con un arma, obligada a desnudarse y retenida contra su voluntad.

Pese a la gravedad de la acusación, Barrelier permaneció detenido apenas 20 días y recuperó la libertad tras pagar una fianza. El expediente seguía abierto cuando ocurrió la desaparición de la adolescente.

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La revelación de ese antecedente generó cuestionamientos sobre por qué esa información no fue tenida en cuenta desde el primer momento cuando la familia aportó el nombre del sospechoso a los investigadores.

Los vínculos políticos del acusado

La causa también derivó en una controversia política. Barrelier tenía militancia en espacios vinculados al peronismo cordobés y trabajaba en la Municipalidad de Córdoba.

El concejal Ricardo Moreno reconoció públicamente que había facilitado su ingreso como becario al municipio en 2021. Además, existen registros fotográficos del acusado participando en actividades políticas junto a dirigentes del PJ cordobés.

Tras su detención, la Municipalidad anunció su despido. Sin embargo, surgieron nuevas preguntas acerca de los controles internos, ya que el acusado había permanecido preso durante casi tres semanas en 2025 sin que esa situación afectara su continuidad laboral.

Mientras la investigación judicial avanza hacia una acusación formal por femicidio, la oposición provincial reclama explicaciones sobre el desempeño de la Justicia, el Ministerio de Seguridad y los vínculos políticos del principal sospechoso