La Ley de beneficio e interés colectivo (BIC) surgió con el propósito de reconocer legalmente a emprendedores y empresas de triple impacto, las cuales buscan, de manera directa, generar beneficios a nivel social, ambiental y económico. Adhieren a un modelo de gestión económica que busca lograr un impacto positivo de forma sistémica e integral sobre la vida de las personas y el planeta. Así es que, a través de su actividad privada, producen beneficios colectivos para la comunidad, transformando el paradigma empresarial hacia una mirada más sustentable, inclusiva y participativa.
Actualmente, sin esta ley en vigencia, las empresas de triple impacto funcionan como organizaciones sin fines de lucro o sociedades comerciales. Lo que permitiría esta ley es que se implemente un régimen especial que identifique y regule empresas de esta índole. No implica un nuevo tipo de constitución societaria, sino que brinda la posibilidad de obtener un reconocimiento legal y una protección que logre potenciar a este tipo de empresas.
Según el proyecto de ley, las sociedades BIC estarían reguladas por la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, y la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Es decir, se regirían bajo el mismo marco legal que el resto de las empresas, pero posibilitando que a cualquiera de los tipos legales actuales (Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y demás tipos de sociedades) se agregue la expresión “de Beneficio e Interés Colectivo” o la sigla “B.I.C.”, pasando entonces a ser una S.A. B.I.C.; S.A.S B.I.C.; S.R.L B.I.C., etc.
A través de la identificación de las empresas de triple impacto, se amplía el campo de acción público-privado, aumentando su visibilidad e incentivando para que cada vez más empresas de tipo tradicional busquen incrementar su responsabilidad socioambiental.
Como sociedad es fundamental que acompañemos proyectos de esta índole, que tengan como objetivo el impacto positivo en la sociedad conjunta. Las empresas tienen la posibilidad de constituirse como actores clave dentro de la transición hacia una economía sustentable, y el Estado debe brindar herramientas para potenciar ese proceso. La Ley BIC ya es una realidad en territorios como Estados Unidos, Italia, Colombia, Ecuador, Perú, la provincia de British Columbia en Canadá y Uruguay. El conocimiento y la difusión de este proyecto son necesarios para conseguir que sea aprobado por el Congreso Nacional en la Argentina.
