La aceleración de la crisis ecológica y climática, junto con el avance de proyectos políticos regresivos a nivel global, vuelve urgente revisar los límites del modelo productivo y económico actual.
Argentina no está exenta de este escenario. En el último año ha quedado claro que la política ambiental nacional atraviesa una etapa de regresión estructural. Sin embargo, a lo largo de la historia, los tiempos de crisis también han sido momentos de definición. Las decisiones que tomemos —o que dejemos de tomar— no solo condicionarán nuestro futuro inmediato, sino también las posibilidades de vida de las generaciones futuras.
Desde hace 40 años, en FARN trabajamos por una agenda ambiental más justa, democrática y sostenible, promoviendo el desarrollo de políticas públicas que, en muchos casos, han posicionado a Argentina como un referente regional en materia de normativas ambientales, como lo fueron el reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano en 1994 y la sanción de leyes de presupuestos mínimos.
Hoy, ese recorrido enfrenta desafíos profundos. En la nueva edición del Informe Ambiental FARN, especialistas, periodistas, representantes de pueblos originarios, asambleas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil analizan e interpretan las tensiones del presente para repensar hacia dónde vamos y asumir colectivamente la responsabilidad política y ética que este momento exige.
La llegada del nuevo Gobierno representó un quiebre en la politización de la agenda ambiental y climática. Fiel al discurso de campaña, el presidente Javier Milei inició una ofensiva negacionista frente a la crisis climática, desconociendo su origen antropogénico y desestimando así décadas de consenso científico a nivel mundial. Con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, este relato encontró un correlato directo con impacto en la gestión, lo que resulta preocupante en un contexto donde los efectos del cambio climático son cada vez más visibles y devastadores.
La primera medida fue la eliminación del Ministerio de Ambiente, convertido en una subsecretaría sin peso político ni recursos suficientes, subordinada a áreas como turismo y deportes. Esta decisión fue acompañada por recortes presupuestarios a partidas ambientales de entre el 34% y el 81% en términos reales, en relación a los fondos ejecutados en 2023.
Los impactos del desmantelamiento de la política ambiental ya están a la vista. Entre 2024 y los primeros meses del 2025, los incendios forestales arrasaron con más de 580.000 hectáreas en la Patagonia y Corrientes, con consecuencias devastadoras para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad. Las inundaciones en Bahía Blanca y en el norte de la provincia de Buenos Aires dejaron daños materiales y sociales irreparables. Estas pérdidas evidencian la falta de planificación urbana, inversión y voluntad política para anticiparse y reducir los impactos del cambio climático.
En este contexto, la defensa de la política ambiental debe entenderse como una defensa del interés público, de la democracia y del futuro común, que requiere reimaginar alianzas, promover la participación ciudadana y articular saberes diversos para consolidar una agenda ambiental robusta, inclusiva y resiliente. Se trata, en definitiva, de recuperar el valor de la política como herramienta colectiva de transformación.
Por Elbio Evangeliste
