La ciudad de Masaya mantuvo ayer la resistencia ante la ofensiva de fuerzas antimotines del gobierno de Daniel Ortega, mientras otras regiones de Nicaragua enfrentaron ataques en medio de la escalada de protestas que dejaron 186 muertos en dos meses. En Masaya, 35 kilómetros al sur de Managua, los pobladores levantaron nuevas barricadas en algunos barrios durante la noche, mientras que en el casco central recorrieron las calles camionetas con hombres armados, según testigos. Pobladores reportaron balaceras y ataques de fuerzas pro-oficialistas en las ciudades de Jinotepe, León, Matagalpa y Estelí. "Son situaciones de extrema violencia que ya están sobrepasando los límites, y la verdad es que nos encontramos en una indefensión total", dijo la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra.

Temor a una "guerra civil"

El martes, agentes antimotines y grupos parapoliciales llegaron a Masaya fuertemente armados, vestidos de negro y con pasamontañas, luego de que esta ciudad, históricamente combativa, se declaró el lunes en rebeldía para exigir la salida del poder de Ortega. Las fuerzas antimotines entraron a la ciudad a dejar municiones y víveres a la policía, que está acuartelada, y quitaron algunas barricadas; pero según el sacerdote del barrio Monimbó, Augusto Gutiérrez, la población mantenía el control en ciertas zonas. Al sur de la ciudad, los funerales de las seis personas fallecidas el martes en medio de los disturbios se realizaron ayer con rapidez por temor a nuevos ataques armados. Señalando a los grupos alzados contra el gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, advirtió que el mandatario está "comprometido en frenar esa ola terrorista, de crímenes de odio, secuestros, amenazas, intimidación". "La tendencia es a profundizar la crisis. Estamos sumamente preocupados porque vemos que hay una voluntad política del Estado de empujar a una guerra civil", aseguró por su parte Sierra.

El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendiera el lunes un diálogo a la espera de que el gobierno formalmente invite a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia. Esa convocatoria se había acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el pasado viernes, luego de que el diálogo pasara varios días suspendido por el recrudecimiento de la violencia.

El gobierno exige el levantamiento de los bloqueos de vías y la Alianza Cívica un adelantamiento de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas en el Poder Judicial. Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y por el adelantamiento de los comicios para acortar el mandato de Ortega, tras condenar "la violencia e intimidación patrocinadas por el gobierno".

Las protestas comenzaron contra una reforma a la ley de seguridad social —ya retirada por el gobierno— y se fueron extendiendo para pedir la salida de Ortega, un ex guerrillero de 72 años con 11 años en el poder, que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Electo tres veces desde 2007, Ortega ha sido cuestionado por sus tendencias autoritarias y por controlar todos los poderes del Estado a través de sus aliados.