Legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban una misión que viajó a Bolivia para "realizar un relevamiento de los derechos humanos" en el marco de las protestas, denunciaron que fueron expulsados por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Mientras tanto, el canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que “se habrían verificado inconsistencias” en el ingreso de la misión a Bolivia.

La comitiva está integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; la legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO) Vanina Biassi, la secretaria general del gremio docente Ademys, Soledad Mosquera; la representante de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A) María José Cano, y la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Alejandrina Barry, entre otros.

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Tras llegar este lunes a la madrugada al aeropuerto de El Alto, aseguraron que les retuvieron los documentos, los obligaron a abordar un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra y los enviaron de regreso a Argentina.

Desde allí, Biasi sostuvo que estuvieron "secuestrados con represión policial" y detalló que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.

Además, indicó que lo que ocurre en ese país es "una verdadera dictadura militar".

"Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al presidente porque quiere instalar el Estado de sitio", agregó.

"Igual que un secuestro"

En la misma línea, Barry dijo que no los dejaron bajar del avión y que el trato que recibieron "fue igual al de un secuestro". Además, manifestó que quisieron "hacerles firmar un documento" que presentaba "causas truchas" respecto a los objetivos del viaje.

Por su parte, el jefe de bloque de Diputados del peronismo (FP) Germán Martínez les "exigió" a las autoridades bolivianas que Marino "pudiera realizar las tareas para las que fue invitado" por la Asamblea Plurinacional del país limítrofe: "Exhortamos a las autoridades consulares de nuestro país a garantizar su libertad e integridad física", remarcó.

"Esta misión fue convocada por legisladores, organizaciones sociales y población civil del país vecino con el fin de que se releven las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal que se ejecuta para impedir el legítimo y constitucional derecho a la protesta del pueblo boliviano. La expulsión de la misión constituye una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos", sostuvo el comunicado que emitió la misión humanitaria.

Asimismo, subrayaron que esta situación "atentó contra los fueros diplomáticos" de los legisldores Marino y Biasi, y calificaron el accionar de Paz Pereira como "dictatorial".

"La represión estatal y paraestatal que impulsa el gobierno boliviano ya contabiliza una decena de asesinatos, además se denuncian centenares de presos políticos con padecimientos de torturas en los lugares de detención; ausencia de asistencia médica a los heridos; secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y pueblos originarios; agresiones a la prensa durante las protestas; estigmatización de los manifestantes; actos de discriminación y racismo. Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sindicales a estar alertas ante la situación por la que está pasando la Misión Humanitaria", concluyeron.

"Facultades soberanas"

En tanto, el canciller Quirno sostuvo que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas“ para deportar a la misión.

"En el día de la fecha, arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada 'Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos', con el autodeclarado propósito de 'realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos'”, precisó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

"Se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas" para ingresar al país, precisó, y mencionó irregularidades en cuestiones vinculadas al "cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana", por lo que "decidieron no admitir su ingreso".

El comunicado del canciller concluyó: "Ante esta situación, la Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes".