Madrid. — El gobierno español pedirá a la Justicia que quite la personería legal a dos partidos vascos de extrema izquierda por actuar como brazo político de ETA y suplantar a la formación que antes cumplía ese rol, la ilegalizada Batasuna. La medida, de ser adoptada por la Justicia, que ya investiga a esas agrupaciones, bloqueará la participación electoral de ambos partidos vascos.
  La vicepresidenta del Ejecutivo español, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el gobierno ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que impidan la participación en los comicios generales del 9 de marzo próximo de “cualquier lista o agrupación de electores” que represente a los aliados políticos de ETA. La vice de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que, una vez se publiquen las listas electorales el 12 de febrero, los servicios de seguridad actuarán antes del 21 de febrero —fecha límite— para impugnar todas las listas ilegales.
  La decisión afecta directamente a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), agrupaciones que tienen actualmente representación en el Parlamento regional y en decenas de municipios del País Vasco, dado que “prestaron” sus listas a la ilegalizada Batasuna en el pasado.

“No van a estar”. “No van a estar en las elecciones ni ANV ni PCTV”, dijo Fernández de la Vega, al tiempo que señaló que, con “pruebas encima de la mesa”, la Justicia y su gobierno saben que ambos partidos tienen “vínculos legales y políticos con la ilegalizada Batasuna”.   
  Los dos partidos y Batasuna, según documentos incautados en octubre, manejaban una caja única. El PCTV presentó en el Parlamento vasco una proposición para que esa Cámara inste al gobierno central a que no presente la demanda de ilegalización, y acusó al gobierno nacional de “saltarse una vez más las reglas de juego democráticas”.
  El gobierno español considera que tanto ANV como el PCTV —que sucedió en el Parlamento regional vasco a Batasuna, el brazo político de ETA, cuando fue ilegalizado en 2003 por la Justicia española— están al servicio de la organización terrorista vasca.

Garzón investiga. El miércoles pasado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón había dado el primer paso en el proceso de ilegalización de los dos partidos proetarras al recibir de las fuerzas de seguridad dos informes de casi 2.500 páginas en los que se recopilan abundantes pruebas de la vinculación de ANV y PCTV con Batasuna y ETA. El magistrado citó a sus representantes para inicios de febrero.
  La mitad de las listas de ANV, para la que Batasuna pidió el voto en mayo pasado, durante las elecciones municipales, fueron ilegalizadas en aquel momento, cuando ese partido, sin relevancia política durante décadas, fue reactivado para permitir al entorno etarra concurrir a los comicios.
  Significativamente, ni ANV ni el PCTV han condenado ninguno de los atentados perpetrados por ETA, entre ellos los dos últimos con víctimas mortales: el que acabó el 1º de diciembre con la vida de dos guardias civiles en Francia, y el que el 30 de diciembre de 2006 causó la muerte a dos ecuatorianos en el aeropuerto de Madrid.

El caso Atutxa. La confrontación entre la Justicia española y el entorno de ETA se ha extendido a las agrupaciones legales. El partido gobernante en Euskadi, PNV, junto con sus aliados en el Ejecutivo, llamaron para una movilización hoy en Bilbao contra una sentencia del Tribunal Supremo español. Este condenó al ex titular del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna cuando esta formación fue ilegalizada en 2003. El PNV consideró que esta medida conduce “al derrumbe de la democracia”. El veterano dirigente del PNV fue condenado el pasado lunes.