La mala praxis de la acción directa, no para expresar desacuerdo, sino con el explícito objetivo de derrocar un gobierno democráticamente elegido, ya es una triste tradición en Ecuador. Volvió ahora esta práctica de "tumbar" gobiernos, ocupar por la violencia sedes de instituciones fundamentales de la democracia, como el Parlamento y el asedio al Ejecutivo, que debió escapar hacia Guayaquil. Los movimientos indígenas fueron protagonistas en los derrocamientos de los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Con Rafael Correa también confrontaron, pero la fortaleza de este presidente era mucho mayor que la de sus predecesores. Ahora, con Lenín Moreno decidido a desmarcarse de su antiguo jefe Correa, el acuerdo con el FMI sirvió de detonador. El recorte de los subsidios a los combustibles es solo un disparador, el mar de fondo contra Moreno venía de antes y el movimiento indígena, como antes, hace de ariete. Ocurre que el indigenismo no gana elecciones, al contrario, su partido Pachakutik, no llegó al 7 por ciento en 2017 y retiró su candidato presidencial. En 2019, en cambio,en elecciones de prefectos, rozó el 22 por ciento. Según un estudio de la Cepal de 2014, la población indígena ecuatoriana llega, al 7 por ciento. Las organizaciones indígenas afirman que hay un sesgo en los censos: la estigmatización hace que muchos no se identifiquen como indígenas y estiman esa población en 25 por ciento a 35 por ciento. Como sea, el movimiento ha sido protagonista del asedio violento y derribo de gobiernos elegidos en las urnas en comicios legítimos. Hay un rasgo arcaico en esta práctica de la rebelión violenta. Por estos días en Ecuador se registran "bloqueos" de carreteras con piedras, el ataque al principal oleoducto y varios intentos de tomar los edificios de las principales instituciones de la República (el miércoles pasado lograron copar la Asamblea hasta que fueron desalojados con gases lacrimógenos). El secuestro y exhibición como trofeos de policías es otra práctica aberrante que se vio esta semana. También se secuestraron a varios periodistas, uno de los cuales resultó con lesiones graves. Este arcaísmo de usar la violencia como herramienta de acción política da a la comunidad indígena un poder mucho mayor al que recibe de las urnas. Este poder fáctico puede detectarse en el tono conciliador y casi sumiso que ha usado el presidente Moreno para rogar a los indígenas que acepten dialogar con él. Ayer finalmente aceptaron ese ruego. Pero a la vez Quito ardía bajo ataques vandálicos que obligaron al toque de queda.

En agudo contraste, en España el fallo conocido ayer del Tribunal Supremo contra la movilización separatista de 2017 y la condena por sedición de sus máximos responsables expone otro nivel de civilización y cultura política. Las sentencias ratifican que la acción directa y la sedición no tienen lugar en una democracia altamente institucionalizada como la de España. En América latina se sigue muy lejos de estos estándares institucionales y de acatamiento de la ley como principio rector de la vida política.