El Congreso de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña este viernes, vinculado con el escándalo financiero del Ueno Bank. Horas después de la resolución tomada por la Legislatura, la Fiscalía General del vecino país ordenó la detención del ahora exmandatario.

La destitución de Peña contó con la aprobación unánime del Congreso, donde todos los legisladores paraguayos coincidieron en remover del cargo al ahora expresidente, quien había asumido en 2023.

Este mismo viernes, en lugar de Peña asumirá la presidencia quien fue su vicepresidente, Pedro Alliana.

Orden de detención contra Santiago Peña

Horas después de que el Congreso aprobara su destitución, la Fiscalía General del Paraguay ordenó la detención de Santiago Peña por diversos delitos vinculados a la quiebra del Ueno Bank.

La orden fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, y por la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez, según informó el medio ABC de Paraguay.

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La denuncia contra Peña proviene de un grupo de legisladores, presentada en octubre del año pasado y ampliada este jueves. Los denunciantes indicaron tres nuevos hechos vinculados con la denuncia original sobre eventuales intereses del mandatario y su entorno con el grupo Ueno.

Qué pasó con el Ueno Bank

La crisis financiera que sacude a Paraguay mantiene a casi tres millones de clientes de Ueno Bank sin acceso a sus cuentas bancarias y desató una ola de protestas que este jueves terminó por precipitar la renuncia del presidente Santiago Peña. La intervención de una de las entidades digitales más importantes de ese país provocó un virtual corralito, mientras miles de ahorristas reclaman la devolución de su dinero y las autoridades intentan evitar que la desconfianza se extienda al resto del sistema financiero.

La situación se desencadenó a comienzos de esta semana, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank después de detectar graves problemas de solvencia. La decisión implicó la suspensión de las operaciones de la entidad y dejó a sus clientes sin la posibilidad de retirar fondos, realizar transferencias o utilizar normalmente sus tarjetas.

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El conflicto adquirió dimensiones políticas por los vínculos comerciales que Peña había mantenido con el grupo propietario del banco. La investigación judicial, que ya derivó en la detención de ocho directivos, también puso bajo sospecha el manejo de depósitos públicos y fondos destinados a jubilaciones.