Más de 2.000 personas murieron este año en los barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades , denunció la ONU el viernes. " Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad" en Venezuela, dijo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet , ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra.

"Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2000 muertes desde enero de 2020", añadió. De este total, que alcanza 2039 personas, 11 eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años.

Bachelet, Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, recomendó por segunda vez al régimen de Nicolás Maduro la eliminación del cuerpo policial Fuerza de Acciones Especiales (Faes) debido al incremento de las ejecuciones extrajudiciales, que se han saldado con el asesinato de más de 2.000 jóvenes solo en lo que va de este año.

Calificó de positivas la detención de cinco miembros de la Faes, responsables de la muerte de dos personas el 21 de agosto. "Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento", citó en su informe. Bachelet resaltó que el Ministerio Público venezolano informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las Faes en distintos estados del país.

Su preocupación coincide con el informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas, quien en rueda telemática con los miembros de Caracas Press Club, dijo que "funcionarios de las Faes confirmaron códigos y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar".

El informe de Bachelet actualizado fue presentado en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra donde se denuncian las graves violaciones de los DDHH que se han ejecutado en Venezuela durante la pandemia del coronavirus.

La oficina de la Alta Comisionada, que tiene representantes sobre el terreno, informa regularmente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.

La oficina siguió documentando casos de represión de manifestaciones pacíficas en el contexto del "estado de alerta" establecido desde marzo en razón del Covid-19, incluidas las detenciones de manifestantes que protestaban contra la escasez de combustible y los bajos salarios y pensiones.

"Además, observamos restricciones a la libertad de expresión", dijo Bachelet, citando ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos.

La ex presidenta chilena también expresó su preocupación por una serie de medidas adoptadas por Caracas, en particular los cambios en el sistema electoral y la composición de la Asamblea Nacional, así como las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia "que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos"

"Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos", dijo, y pidió "seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos". El régimen de Maduro ha convocado a elecciones parlamentarias para diciembre, algo que rechazó la enorme mayoría de la oposición, por falta de garantías y por el veto a numerosos candidatos y partidos.

Bachelet también recibió con satisfacción la mayor cooperación de Caracas con su oficina y la reciente adopción de medidas positivas por parte del gobierno, como el indulto concedido a 110 personas.

Subrayando que la pandemia de coronavirus se sumaba a otras emergencias preexistentes, como la emergencia alimentaria, reiteró su llamamiento para que se levanten las sanciones económicas internacionales. "La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de combustible y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales", dijo la Alta Comisionada.