El miedo aumenta entre las mujeres y las niñas en Afganistán, después de que los talibanes advirtieran a las mujeres que trabajan que se quedaran en casa, admitiendo que "no estaban seguras" en presencia de los milicianos del grupo islamista. "No están entrenados" para respetar a las mujeres, dijeron líderes talibanes. En Ginebra, en tanto, la alta comisaria para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtió que “una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad; la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo".

El portavoz principal de los talibanes, Zabiullah Mujahid, dijo que las mujeres no debían ir a trabajar por su propia seguridad, lo que socava los esfuerzos del grupo por convencer a los observadores internacionales de que sería más tolerante con las mujeres que la última vez que estuvieron en el poder (1996/2001), cuando sometieron a las mujeres afganas a reglas medievales de vida y les negaron el derecho a la educación y a trabajar. Bajo el gobierno prooccidental que se instaló a la caída del Talibán en 2001, las afganas pudieron acceder a la educación media y universitaria, algo impensable en el pasado. Hoy, hay universidades como la de Herat que tienen mayoría de matrícula femenina. Pero desde que el Talibán volvió al poder esta universidad y otras permanecen cerradas.

Las instrucciones dadas por el vocero jefe de los talibanes se produjeron en simultáneo con la noticia de que el Banco Mundial suspendió la financiación en Afganistán, citando la preocupación por la seguridad de las mujeres, y pocas horas después de que la ONU pidiera una "investigación transparente y rápida" sobre los informes de abusos de los derechos humanos desde la toma del poder por los talibanes.

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Mujahid dijo que la orientación de quedarse en casa sería temporal, y permitiría al grupo encontrar formas de garantizar que las mujeres no sean "tratadas de forma irrespetuosa" o "Dios no lo quiera, heridas". Admitió que la medida era necesaria porque los soldados talibanes "no están entrenados" para respetar a las mujeres.

"Estamos contentos de que entren en los edificios, pero queremos asegurarnos de que no se enfrentan a ninguna preocupación", dijo. "Por lo tanto, les hemos pedido que se tomen un tiempo de descanso en el trabajo hasta que la situación se normalice y se establezcan los procedimientos relacionados con las mujeres, entonces podrán volver a sus puestos de trabajo una vez que se anuncie".

La última vez que estuvo en el poder, entre 1996 y 2001, el grupo militante prohibió a las mujeres el trabajo, les impidió salir de casa sin compañía y las obligó a cubrirse todo el cuerpo con el burka. Además, la educación quedó prohibida para las mujeres.

El grupo ha insistido en que ahora será más "moderado", pero los líderes talibanes se han negado a garantizar que no se recortarán los derechos de las mujeres y muchas ya se han enfrentado a la violencia.

El Banco Mundial anunció que va a suspender su apoyo financiero a Afganistán, por su preocupación por el destino de las mujeres bajo el régimen talibán, lo que supone un nuevo golpe para una economía que depende en gran medida de la ayuda exterior. "Estamos profundamente preocupados por la situación en Afganistán y el impacto en las perspectivas de desarrollo del país, especialmente para las mujeres", dijo la portavoz del Banco Mundial Marcela Sánchez-Bender en una declaración a CNN.

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En estos meses del resurgimiento de los talibanes en Afganistán, las mujeres se han visto cada vez más aisladas de la sociedad y muchas de ellas han sido objeto de acoso y ataques, incluido el asesinato de tres mujeres periodistas en marzo.

A principios de julio, los talibanes entraron en las oficinas del Banco Azizi, en la ciudad sureña de Kandahar, y ordenaron a nueve mujeres que trabajaban allí que se marcharan, informó Reuters. A las cajeras se les dijo que sus familiares varones ocuparían su lugar.

Duras críticas a la ONU y su Consejo de DDHH

En medio de la creciente preocupación de la comunidad internacional, Naciones Unidas pidió el martes, tras una reunión de emergencia de su Consejo de Derechos Humanos, una "investigación transparente y rápida" de los abusos de los derechos humanos "cometidos por todas las partes del conflicto". Pero el texto, adoptado por consenso tras una reunión extraordinaria del organismo, no prevé un mecanismo internacional de investigación, como reclaman las ONG y varios países, entre ellos la Unión Europea, y se limita a pedir a a la comisaria para los DDHH, Michele Bachelet, que presente un informe el primer trimestre de 2022.

El organismo fue condenado por varias ONGs por haber modificado su lenguaje tras adoptar la resolución propuesta por Pakistán. John Fisher, director en Ginebra de Human Rights Watch, dijo en un comunicado que la ONU "no ha creado un organismo fuerte de vigilancia de los derechos humanos ni ha cumplido con su responsabilidad de proteger al pueblo afgano". Dijo que la resolución "es una bofetada a los defensores de los derechos humanos afganos y a los activistas de los derechos de las mujeres que están viendo con horror cómo el Estado de Derecho se desmorona a su alrededor."

Informe de Bachelet

La forma en que los talibanes traten a las mujeres, especialmente en lo relativo a su derecho a la educación, representará una “línea roja” que el régimen no deberá cruzar, advirtió ayer la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que también reveló la existencia de informes creíbles de “ejecuciones sumarias” realizadas por islamistas.

“Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad; la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo, conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos”, dijo la funcionaria de la ONU. Bachelet habló ante el Consejo de DDHH, un organismo muy cuestionado porque de él forman parte dictaduras.

La expresidenta chilena consideró que “garantizar el acceso a una educación secundaria de calidad para las niñas será un indicador esencial del compromiso con los derechos humanos”. Esta sesión se celebró a instancias de Pakistán, en su calidad de coordinador de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) para los derechos humanos y cuestiones humanitarias, y de Afganistán, representado por Nasir Ahmad Andisha, diplomático del depuesto gobierno anterior, con el apoyo de un centenar de países.

Andisha pidió a esta instancia de la ONU que envíe “un mensaje fuerte a todas las partes, incluidos los talibanes, para hacerles entender que los ataques contra los derechos humanos tendrán consecuencias”.

Durante el debate, unos 60 países presentaron una declaración conjunta, leída por la representante española Aurora Díaz-Rato, pidiendo especialmente “el fin inmediato de los asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos”.

Bachelet, que a principios de agosto había mencionado “informes sobre violaciones que podrían constituir crímenes de guerra” en Afganistán, subrayó que había recibido “informaciones creíbles sobre graves violaciones del derecho humanitario internacional y ataques contra los derechos humanos en numerosas zonas bajo control talibán”. Se trata, entre otros, de “ejecuciones de civiles y de miembros de las fuerzas de seguridad afganas (...), restricciones de los derechos de las mujeres (...), reclutamiento de niños soldados y represión de manifestaciones pacíficas”.