“Vivir en un ambiente sano y equilibrado es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución nacional y en tratados internacionales”, afirma Javier Garin, abogado de la asamblea de Andalgalá, que resiste a la megaminería.

“Los derechos individuales nacen con la Declaración de los Derechos del Hombre para limitar al Estado en su accionar sobre los individuos. Se refieren al culto, la propiedad, el comercio y también a la integridad física: prohíben la tortura”, dice Garin. “Contra los castigos sin juicio previo, la esclavitud y allanamientos sin límites, combatieron Monteagudo, Belgrano, San Martín y la Asamblea del año XIII. En 1856 la constitución consagró esos derechos”, explica el abogado.

“Otros derechos son económicos, sociales y culturales, se relacionan con la lucha de clase y en 1949 aparecen en la constitución peronista: apuntan a trabajadores, ancianos, niños y otros grupos vulnerables, en situación de desigualdad”, agrega. Y resalta: “Luego están los derechos de incidencia colectiva, como la autodeterminación y el acceso a un ambiente sano”.

“Bienes, no recursos”. El abogado indica: “El problema del ambiente se vincula con el sistema de producción capitalista, donde los bienes naturales son explotados como recursos. Los pueblos anteriores al capitalismo tenían una relación de armonía con la naturaleza. El capitalista exacerbó la diferencia entre hombre y naturaleza. En la Biblia, Dios le dice al hombre que sea el señor de la tierra y de sus animales, marca una ruptura con la naturaleza”.

Pero remarca que “Perón, a pesar de su visión de desarrollo del Tercer Mundo, habla de revisar la relación del hombre con la naturaleza. Indica que la finalidad de la economía no puede ser el derroche y hace referencia a la cosmovisión de los originarios”.

Estudió en el Normal Antonio Mentruyt, de Banfield, donde desaparecieron 29 alumnos, la llamada “División perdida de la Enam”. Militó como estudiante y junto a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Tras graduarse trabajó con los Sin Techo, minorías sexuales, víctimas del gatillo fácil, inmigrantes y movimientos de desocupados. Escribió libros con biografías de Belgrano, Monteagudo y un Manual de derechos humanos. Fue concejal de Lomas de Zamora y titular de la Comisión de Ecología, asesor legislativo bonaerense de Ambiente del Frente para la Victoria en Diputados y preside la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas. En 2010 se matriculó en Catamarca y representó a la asamblea de Andalgalá, que resiste a la mina Agua Rica.

“Soy ambientalista, kirchnerista y cristinista. Apoyo al gobierno, no a la megaminería, Hay que debatir. No es una lucha irracional contra el desarrollo bajo influencia de agitadores y no piden abolir a la minería”

“Se debe cambiar el paradigma de desarrollo. El menemismo federalizó minas y las provincias aumentan con ellas sus recursos, sin importar el ambiente. Las multinacionales hacen negocios, presionan a la Nación. Más allá de dejar sólo un 3 %, se deben suspender proyectos que ponen en peligro la salud y al ambiente”, sostiene. Así, afirma que “en la falla de Agua Rica hay riesgos de filtraciones al subsuelo y al agua”.