Federico Miyara es ingeniero, dicta cursos de posgrado sobre acústica y psicoacústica y sobre control de ruido, además de haber escrito dos libros sobre el tema. Más de una vez, el Concejo Municipal lo consultó como asesor en estas temáticas y más de una vez también advirtió sobre la necesidad de sancionar nuevas normas sobre contaminación acústica.

"La ordenanza de ruido que se encuentra vigente (Nº 46.502) es del año 72, tiene muchos errores técnicos y también equivocaciones en su concepción", considera y apunta que es necesario revisarla en forma "urgente".

Muchos de los errores de la norma están relacionados con el avance del conocimiento y de la técnica, por ejemplo, menciona elementos de medición que no existen o exige que estén aprobados por organismos internacionales que no se encargan de fiscalizar estos instrumentos.

Sin embargo, eso no es lo más preocupante. "Eso es subsanable, se mide con los instrumentos actuales", señala Miyara.

Para el especialista, más críticos resultan otros artículos que son sencillamente "impracticables". Por ejemplo, señala, el punto que habla de la forma de medir el ruido y "especifica que deben establecerse picos frecuentes y escasos, cuando ni siquiera define estas categorías".

Además, el espíritu de la norma es "exclusivamente punitivo" ya que se limita a establecer mecanismos para detectar la infracción y penalizarla. "No hay nada que se proponga con el objetivo de prevenir que se generen situaciones en la cual pueda estimularse la contaminación acústica". Hace tres años, un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Rosario, convocados por el ex concejal Alberto Cortés (Proyecto Sur) presentó un proyecto para reformar la ordenanza 46.502. "Tenía mucho de preventivo, hacia énfasis en cuestiones educativas y toda una serie de cosas relacionadas con la difusión de esta problemática. Además proponía establecer un diagnóstico de la situación y establecer lugares protegidos de contaminación sonora", recuerda Miyara. Sin embargo, la propuesta perdió estado parlamentario después de pasar dos años sin ser tratado. Mientras tanto, la ordenanza actual va camino a cumplir 44 años.