Los familiares del sindicalista Abel Beroiz, asesinado a tiros y puñaladas hace dos años en Rosario, presentaron un pedido de resarcimiento por daño moral y lucro cesante contra el Estado provincial y contra el Automóvil Club Argentino (ACA). La suma de dinero que reclaman los actores civiles asciende a los 500 mil pesos.

El reclamo fue presentado en el juzgado penal donde aún se investiga el asesinato, Instrucción Nº 13, cuyo titular era Osvaldo Barbero, quien se jubiló hace pocos días. Mediante un sorteo, el expediente pasó entonces a Alfredo Ivaldi Artacho, magistrado que deberá resolver la situación de los últimos dos imputados que tiene la causa.

Néstor Pujato, patrocinador de la familia Beroiz, explicó que la demanda, además de comprender a los principales acusados del crimen, se extiende al Estado provincial porque, a su entender, actuó con negligencia. “Había una connivencia manifiesta entre Oscar Flores, el confeso homicida, y los policías de la seccional 16ª. El mismo declaró que entraba y salía de la comisaría cuando quería”, apuntó el abogado.

El representante de los Beroiz consideró que la provincia, a través de la policía, actuó con imprevisión al permitir la fuga de Flores cuando ya había pruebas que lo vinculaban con la causa.

El reclamo también recayó sobre el ACA. Para los familiares del gremialista, la institución tuvo una acción negligente por no haber contado con las medidas de seguridad mínimas.

“Había personal de vigilancia que no hizo su trabajo. Uno de los empleados declaró que, al advertir lo que sucedía con Abel, corrió a esconderse. Beroiz pagaba la estadía por día, y ese servicio incluía seguridad. Además las cámaras de video no funcionaban”.