El tema de las excarcelaciones fue el disparador de una polémica cuando la presidenta Cristina Fernández, a propósito del crimen del ingeniero Ricardo Barrenchea en San Isidrio, se quejó de que "la policía detiene, detiene" y "la Justicia libera, libera". La siguió en la crítica el ministro de la Corte Suprema Rircardo Lorenzetti, quien dijo que no deben confundirse las garantías constitucionales con la "puerta giratoria", aludiendo a la supuesta liviandad para otorgar libertades.

La defensora oficial Matilde Bruera sostiene que "los problemas de seguridad no tienen nada que ver con la cantidad de personas detenidas, sino con una situación social alarmante y con la conflictividad por el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas".

En tanto, el ministro de la Corte Suprema santafesina, Daniel Erbetta, citó estadísticas que desmienten la supuesta flexibilidad para excarcelar. Dijo que "en los últimos diez años se duplicaron las encarcelaciones en Argentina", lo que señala que el problema de la criminalidad no se resuelve así.

Cuestionado. El tema ya había suscitado controversia cuando el juez de Garantías de San Martín, Nicolás Schiavo, quedó señalado por haberle otorgado arresto domiciliario a uno de los cuatro acusados de la denominada Masacre de Campana. "La regla es la libertad hasta el juicio. La prisión preventiva es una excepción", dijo el magistrado. Y agregó: "Si los jueces dejan de dar excarcelaciones por cuestionamientos de otro poder habrá muchos inocentes presos".

En ese sentido, Bruera destacó que el responsable de diseñar políticas para reducir la criminalidad "es el Poder Ejecutivo. No les pueden echar la culpa a los jueces de la situación social. Tampoco se pueden sostener discursos punitivos cuando Argentina suscribió convenciones internaciones que defienden el principio de inocencia. Para cualquier acusado de un delito, la mínima garantía es esperar el juicio en libertad".