Una campaña que busca más fondos para la educación

Los docentes de todo el país —nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina— iniciaron una campaña para lograr mayor inversión para la educación. La meta es que los legisladores aprueben un proyecto de ley de financiamiento educativo que eleva al 10 por ciento del PBI los fondos para este ámbito. Esta semana los educadores se reunieron con los diputados nacionales para explicar los alcances de la ley que impulsan.

El proyecto de ley propone un aumento del presupuesto educativo del 6 por ciento actual al 10 por ciento del PBI. Tal como explicó la secretaria general de la Ctera y Amsafé provincial, Sonia Alesso, la iniciativa "plantea que se debe invertir el 8 por ciento para la educación básica, desde el nivel inicial hasta los institutos terciarios, y el 2 por ciento para las Universidades". El proyecto al que se alude fue presentado el 3 de noviembre de 2015 con autoría de la diputada Adriana Puiggrós, en colaboración del equipo de la Secretaria de Educación de Ctera.

En la semana, representantes de bloques de la Cámara de Diputados de la Nación concurrieron a la sede de la Ctera para interiorizarse de esta propuesta. Estuvieron presente los diputados Héctor Recalde (bloque FPV), Carlos Heller (bloque Partido Solidario), Alcira Argumendo (bloque Proyecto Sur), Lucas Incicco (bloque Unión Pro), Luis Lusquiños (bloque Compromiso Federal), además de representantes de los bloques Libres del Sur y PTS. También participó de la reunión el secretario general de la CTA y presidente de la Internacional de la Educación para América Latina (Ieal) Hugo Yasky.

Metas. Entre las metas que se fijan deberá garantizar el nuevo incremento del presupuesto, figuran la universalización del nivel inicial, un secundario para todos, fondos para las provincias, mayor inversión para los institutos terciarios, la jornada extendida, más y mejores salarios, además de más cargos docentes, la aplicación de la enseñanza de un segundo idioma en todas las escuelas del país, la construcción y reparación de edificios escolares, y también la continuidad de los programas de formación docente (gratuitos y en servicio).

La intención de los maestros es que esta nueva ley de financiamiento que se impulsa sea debatida no sólo por los legisladores, sino en toda la comunidad educativa y con las organizaciones sociales. Con un mecanismo similar de discusión y participación al que tuvo la ley de educación nacional. Para dar tal debate, está prevista una campaña nacional, que incluye distribución de material informativo y seminarios para los docentes.

Alesso recordó que la ley de financiamiento educativo aprobada en 2005 (26.075) fue el resultado de un reclamo constante de los docentes para lograr una mayor inversión para la educación pública. "Esta ley contribuyó sustancialmente a garantizar el derecho social a la educación con políticas de inclusión y a mejorar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje especialmente para los sectores que habían quedado marginados del sistema en tiempos del capitalismo salvaje", dijo. También recordó que "más allá de aquellos importantes avances, fundamentalmente del cumplimiento, en el año 2010, de la meta global de llegar al 6 por ciento del PBI para la inversión educativa, hoy se renuevan los desafíos y se amplían los horizontes para dar la batalla por el derecho a la educación pública, popular y de calidad".

La nueva ley de financiamiento a la que se aspira ahora tiene en su horizontes cumplir con la normativa de educación nacional (26.206) y sus desafíos de garantizar igualdad de oportunidades, de inclusión y de calidad de aprendizajes.

Movida mundial.PUNCTUATION_SPACEAl mismo tiempo que los docentes argentinos se encaminan por este debate sobre una nueva ley de financiamiento, el lunes comienza la Semana de Acción Mundial por la Educación (Same) que es impulsada por la Campaña Mundial por la Educación (CME) y apoyada por la Unesco. Son más de cien las organizaciones nacionales, regionales e internacionales que se movilizan sobre "el derecho a la educación de todos y hacer esfuerzos para promover la educación como elemento de protección frente a la pobreza y la exclusión social".

Desde esta campaña internacional sostienen que para hacer realidad este derecho a la educación, "los gobiernos deben comprometerse a la financiación, especialmente los países en desarrollo". En esta particular semana —que se realiza desde 2001— se trabaja en la sensibilización social y en llamar la atención sobre la necesidad de hacer real el derecho a una educación básica de calidad. La semana celebra todos los años a fines de abril, coincidiendo con la fecha en la que tuvo lugar la firma de la Cumbre de Dakar en el año 2000. Aunque las principales actividades que contempla esta campaña se extienden durante todo el año.

Para lograr mejores aprendizajes

El proyecto de la nueva ley de financiamiento educativo que se impulsa aprobar en el congreso de la Nación propone un aumento progresivo de la inversión en educación entre los años 2016 y 2021, hasta llegar al 10% del PBI. Especificando que de ese total, un 8% sea destinado a la educación universal y obligatoria y un 2% a la educación superior, ciencia y tecnología. Todo ello “con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, de acceso al aprendizaje y el conocimiento y apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza, según lo establecido por la ley 26.206 (ley de educación nacional)”.
  Desde la Ctera repasan que el hecho de haber logrado la sanción de una nueva ley de educación nacional (en 2006) “que no sólo define a la educación como un derecho, sino que además amplía la cantidad de años de escolaridad obligatoria, generando más responsabilidad para el Estado, conmina a redefinir un nuevo presupuesto, más importante que el establecido hace diez años, para que se puedan concretar los nuevos desafíos, como así también los puntos que aún quedan pendientes y por cumplir en la Argentina”.