El caso había tenido enorme impacto y las peripecias de una novela. Hacia 1998 la ciudad estaba en vilo con cada nuevo ataque atribuido al "violador del centro". Se había seguido con incertidumbre la detención de un joven al que llegaron a condenar por algunos de esos hechos. Y con no menor estupor el tardío arresto de un joven —Néstor Fica— que venía a asumir que aquellos delitos los había cometido él.

  Hace cinco años le escribí a Fica para conocerlo. El principal motivo no era oír los hechos desde su perspectiva. Nos interesaba, más bien, una singular declaración suya. En una audiencia decía que cuando sentía que iba a provocar los ataques, antes de ser detenido, deseaba que existiera un lugar donde acudir por ayuda profesional que precisaba, como reciben personas que tienen conductas compulsivas que no pueden frenar, como alcohólicos, adictos a la comida o a las drogas.

  Nos pareció que Fica tal vez no hablaba sólo como un imputado que se defendía sino como un graduado universitario —es médico— sabedor de que hay trastornos psicosociales que pueden moderarse con acciones preventivas. Y ahí asomaba un disparador del debate público para un difícil intríngulis que la política criminal argentina tiene pendiente de resolución: cómo tratar a las personas que pueden cometer delitos sexuales o a los penados que, tras la condena, saldrán en libertad.

  Conocí entonces a Fica en prisión, a quien propuse tener una serie de diálogos con la intención de abordar esa inquietud suya. Accedió pero al final declinó la idea con una disculpa. Dijo que su familia había sufrido demasiado con su caso y no quería exponerla más.

  El juez que autorizó las salidas, que podrán no gustar pero son ajustadas a la ley, retoma en su fallo el recuerdo de aquel pedido de ayuda que Fica no pudo canalizar a ningún lado. Lo que recuerda que hay una discusión pendiente.