Un juez con jurisdicción en todos los establecimientos carcelarios de la zona reclamó que se realice a la mayor brevedad un relevamiento de las condiciones en las que se encuentran las unidades penitenciarias del departamento Rosario. Su intención es que personal profesional calificado brinde un informe que determine si estos centros de detención cumplen con las condiciones edilicias, sanitarias e higiénicas indispensables para las personas allí alojadas.
  El planteo fue promovido por el juez Antonio Ramos, quien ahora ocupa en suplencia el juzgado de Ejecución Penal de Sentencia de Rosario, tribunal que se encarga de administrar los beneficios legales previstos para las personas que cumplen condena judicial.
  El motivo del requerimiento, elevado a la Cámara Penal de Rosario a fin del año pasado, se asienta a impresiones recogidas por el magistrado en recientes visitas a distintos lugares de detención, que revelan a simple vista un estado crítico en la situación de confinamiento. El juez propuso que la inspección empiece por la cárcel de Riccheri y Zeballos.
  Ramos pidió que se gestione ante el Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialmente en las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Económicas y Medicina, un relevamiento de las cárceles, para definir condiciones estructurales, de salud e higiene en las mismas.
  La solicitud abarca también las cárceles de Piñero, la Unidad VIII de Mujeres ubicada sobre la comisaría 8ª y la alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional II. Y requiere que los profesionales de las facultades aludidas elaboren un presupuesto de las refacciones que hubiera que realizar tras el diagnóstico encomendado.
  Ramos recuerda en su requerimiento que la Constitución nacional y los tratados internacionales prescriben la dignidad de los detenidos. Entidades humanitarias denunciaron judicialmente el año pasado situaciones de trato indigno en Rosario.