El artículo 18 de la Constitución Nacional asegura que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo". En otras palabras, todos los ciudadanos somos inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Pero, con el máximo respeto que la Carta Magna me merece, quiero pensar el salvaje y trágico ataque a la barra brava rojinegra mediante un juego periodístico basado en una pregunta: ¿Y si todos los argentinos fuéramos culpables hasta que la Justicia demuestre lo contrario?

Entonces, la cadena de culpabilidades y complicidades en torno a un aberrante hecho que se llevó la vida deun pibe de 14 años abarcaría no sólo a los integrantes de las barras bravas sino también a los dirigentes de los clubes, a la policía, a la Justicia y a los medios de comunicación. Pero vayamos por parte.

Paso a paso.En este juego propuesto lo más claro sería la culpabilidad de los barras. Son ellos, aunque muchas veces se disfracen de simples simpatizantes, los que ponen sus cuerpos en los enfrentamientos a tiros y puñaladas. Son ellos los que cuentan víctimas en su debe y en su haber. Son ellos los que, con la excusa de alentar al equipo en las buenas y en las malas, de local y visitante, exigen dádivas y vestimenta oficial a los jugadores; aprietan a los dirigentes para conseguir entradas de favor y algo de dinero que les permita solventar los viajes; y negocian con determinados sectores de la policía pagando impunidad y protección.

En un segundo escalón podríamos creer que los dirigentes también son culpables. En su caso, por llenarse la boca sosteniendo que en sus clubes no hay barras bravas y que son problemas que se dirimen puertas afuera de las instituciones cuando todos los fines de semana ven a sus integrantes parados en los paraavalanchas. Cuando aceptan entregarles entradas para que concurran a los partidos y les facilitan el alquiler de micros. Cuando les habilitan las puertas de los estadios para que asuman el control de determinadas áreas institucionales a cambio de que les garanticen un tranquilo ejercicio de sus funciones.

Sigamos jugando a burlar el articulado de la Constitución y digamos que también es culpable la policía que hace la vista gorda ante los hechos más violentos registrados en las canchas de fútbol en los últimos años. Que a pesar de apostarse en las puertas de los estadios para controlar efectivamente el ingreso de los espectadores, cuando llega la barra se corren a un costado tras negociar con ellos quiénes pasan y quiénes no. Que asegura investigar hasta las últimas consecuencias todos y cada uno de los hechos pero nunca llega al final del camino. Que siempre tiene en la mira a más de un sospechoso y cree saber por dónde va la cosa, pero nunca encuentra a esas personas. Que, como dijo hace poco más de un año un suboficial que pagó su franqueza con su pase a disponibilidad, nada de lo que hacen los barras puede ser ignorado por determinados sectores de la fuerza.

A renglón seguido de esta parodia habría que nombrar a la Justicia, que inicia sus investigaciones (¡malditos códigos!) a partir de los propios partes que le redacta la policía. Así, en medio de la maraña burocrática, la falta de personal y de presupuesto, se van sumando causas que nunca tienen culpables. Es que para llevar a juicio a alguien es necesario tener pruebas fehacientes, y muchas veces esas pruebas no aparecen (¿o no se buscan?). Al menos así parece surgir de meros archivos periodísticos que hablan de siete muertes en un lustro dentro de la interna leprosa, ninguna de ellas con acusados juzgados.

Siga, siga.Y en el final del juego hagamos la autocrítica, aunque de más está decir que no hay que matar al mensajero. Se dice que muchos medios tienen o han tenido estrechos vínculos personales y económicos con los clubes de fútbol, por lo que hay determinadas cosas que conviene no decir. Además, algunos periodistas que cubren las actividades de los clubes suelen conocer detalles y pormenores de la relación entre jugadores, dirigentes y barras que por temor o precaución prefieren guardar para sus archivos personales.

Pero como dije al principio, nada de esto es verdad. Sólo es un juego periodístico, una ilusión escrita que nos hace creer que todos somos culpables y que es nuestra obligación demostrar que nada tenemos que ver con los hechos que el vecino común de la ciudad nos imputa. De no ser así, seríamos unos hipócritas que, escondidos tras diferentes máscaras colaboraríamos para que nada se aclare y la pelota siga manchándose de sangre. Afortunadamente para nosotros, la Constitución sigue vigente y nos protege.