Para los abogados Paul Krupnik y José Nanni no quedan dudas de que la causa que mantiene presos y con procesamiento firme a su cliente, Carlos Ascaíni, y al ex jefe de la policía, Hugo Tognoli, es "un armado político". Y en ese sentido, sostienen que el juez Carlos Vera Barros "fue partícipe de una maniobra jurídica política encabezada por determinado sector político nacional, con un claro objetivo de menoscabar al gobierno de la provincia de Santa Fe, maniobra que se produjo seis meses antes de un acto eleccionario". También dicen que "para cumplir con ese objetivo se detuvo a personas inocentes, se tergiversaron pruebas, se inventaron teorías jurídicas, y se violaron principios y garantías constitucionales".

Krupnik y Nanni recuerdan en el escrito que tras la detención de Tognoli "surgen múltiples acusaciones de carácter político entre autoridades del gobierno nacional, que pertenecen a un determinado partido político, y los funcionarios del gobierno de la provincia, que responden a otro signo partidario". Y enumeran una serie de publicaciones periodísticas en las cuales esas manifestaciones quedaron reflejadas.

Agregan que "es claro el mal desempeño del magistrado, ya que montó todo este «espectáculo» político judicial con una clara intención". Y concluyen que "del análisis de las constancias de este proceso penal surge que se trata de una «causa armada»".