Un grupo de ciudadanos uruguayos residentes en Rosario presentó ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia un pedido de intervención a la Sociedad de Socorros Mutuos entre Orientales-Casa Uruguaya para que investigue la forma en que el inmueble donde funciona la sede de la entidad, Alvear 1125, fue entregado a un fideicomiso para la construcción de un edificio de departamentos, cocheras y salón comercial en plata baja. Actualmente se tramita en la Municipalidad un permiso de demolición de la Casa Uruguaya.

Los denunciantes cuentan en la nota presentada que en los últimos años se fueron alejando de la entidad ya que no se sentían representados y que "el estatuto prohíbe la venta del inmueble". Agregan que cuando la Casa fue donada al pueblo uruguayo "se hizo un estatuto para evitar este tipo de problemas. Nadie puede vender la propiedad. Allí dice muy claro que si algún día la Casa Uruguaya dejara de funcionar, la propiedad pasaría a depender del Consulado o del gobierno nacional de Uruguay, y en última instancia del gobierno de Santa Fe para que le dé un destino de uso público".

Agregan que la preocupación "se genera ante el intento de esta gente —que de alguna manera administra la institución— de realizar un negocio inmobiliario con aparentes desventajas para la futura actividad institucional. En primer lugar se constituye una forma jurídica de fideicomiso para la ejecución de la obra, basada en transferencias dominiales que no están saneadas por no ser la actual institución titular del inmueble en cuestión. Estas irregularidades formales pueden llegar a culminar con el hecho consumado de demoler el patrimonio edilicio y no poder seguir adelante con el proyecto. Nuestro consejo consultivo ha hecho varias gestiones ante las autoridades municipales para evitar el permiso de demolición de la sede social", destacaron.

Lamentos. Asimismo, agregó que "la gente que está preocupada representa en forma solidaria al resto de la comunidad. Nos llena de tristeza ver que compatriotas pugnen por ocupar lugares en una institución que sólo debería tener un espíritu altruista". Este diario intentó en vano durante varios días comunicarse con la mencionada entidad.

Por su parte, el cónsul de Uruguay en Rosario, Jorge Borad Arriera, lamentó esta serie de conflictos que se vienen llevando a cabo en la Casa Uruguaya en los últimos años. "Nos han llegado ciertas denuncias de residentes que están preocupados por este tema. Por su parte, la Cancillería está inhibida de toda actuación sin consultar a la Secretaría de Estado uruguaya, dado que la Casa Uruguaya de Rosario tiene entidad jurídica dependiente de la ley argentina".