Con el faltazo de representantes del gobierno provincial, la audiencia para definir el futuro de 3 mil personas sobre las que pesa una orden de desalojo terminó ayer con la decisión de postergar la medida hasta mediados de abril. La reunión a puertas cerradas entre la compañía dueña de la tierra, representantes de los vecinos y asesores legales del municipio y el Concejo, no avanzó en soluciones pero dejó abierto un espacio de negociación. El 15 de febrero las partes volverán a reunirse, esta vez con propuestas concretas para debatir.

"Nos vamos más tranquilos, pero sólo un poco. La medida se aplaza pero no tenemos la seguridad de poder empezar a pagar nuestro terreno", dijo al salir de la reunión Marcela, una delegada de los vecinos.

El encuentro se extendió por más de dos horas, mientras medio centenar de habitantes del barrio se manifestó ante las puertas del edificio de Tribunales por calle Balcarce esperando novedades.

En la reunión los vecinos pidieron que se impulse el proyecto de expropiación del predio presentado el 10 de diciembre por el diputado provincial Carlos del Frade, y recordaron que ellos están dispuestos a pagar el 20 por ciento de sus ingresos por los terrenos.

A través de sus representantes solicitaron suspender el desalojo, que tenía fecha de lanzamiento para el 15 de febrero. El pedido prosperó: la medida se postergó hasta el 15 de abril a las 9 de la mañana, aunque queda sujeta al resultado de otro encuentro que se hará en dos meses con la intención de que llegar a un acuerdo.

Una larga historia. La cita en Tribunales había sido fijada por la jueza de Circuito Nº 5, Stella Maris Bertune, con el objetivo de acordar una alternativa para evitar el desalojo masivo de las familias que desde hace treinta años ocupan doce hectáreas sobre el límite de Empalme Graneros, en el triángulo formado por avenida Sorrento, Cullen y el arroyo Ludueña.

El pleito se inició cuando la empresa Compañía de Tierras Santafesinas reclamó el desalojo del terreno que la firma adquirió en 1984. Por entonces ya vivían en ese lugar familias que se dedicaban al cirujeo. Con los años el predio se pobló. Cullen es la única calle abierta entre los pasillos de tierra que conectan casas humildes de chapa o material.

Por luchas que los vecinos rememoraban ayer mientras matizaban la espera, el barrio tiene luz eléctrica y agua potable. Los desarrolladores reclaman la devolución de la tierra o el pago mediante expropiación estatal. Una medida que fue aprobada por el Concejo Municipal pero no llegó a tratarse en la Legislatura provincial.

La reunión se hizo sin presencia de público. Estuvieron el dueño y los abogados de la compañía, dos asesores legales del Concejo, dos abogados del municipio, patrocinantes particulares de los vecinos, una defensora civil y una integrante de la Pastoral Social. No asistieron representantes del gobierno provincial, que presentó un escrito pidiendo la postergación de la audiencia. La jueza explicó el faltazo por el reciente "cambio de autoridades", aunque aclaró que habrá funcionarios provinciales en la próxima reunión. "Hemos logrado un avance. Se trató la misma problemática que consta en el expediente, con nuevas personas y nuevos gabinetes que van a trabajar en esto", indicó.

Analía Carrió, representante del grupo mayoritario de vecinos junto con Analía Abreu, precisó que buena parte de la reunión se dilató en discusiones entre la empresa y el municipio por "escritos y cuestiones judiciales que estaban dentro del expediente y que ocurrieron en estos 16 años". Para la ex concejala, esto "reiteró la controversia entre los que tienen la posibilidad de decidir, la empresa dueña de la tierra y el Estado, y dejó entrever una falta de posibilidades de negociación".

En ese marco, Carrió aclaró que la reunión del 15 de febrero tiene como condición que las partes acerquen propuestas concretas: "La empresa tiene que plantear cuál es el valor real del inmueble, que nunca lo ha planteado. Los vecinos siempre han dicho que están dispuestos a ofrecer el 20 por ciento de sus ingresos. No le quieren comprar directo a la empresa. Necesitan que el Estado esté presente en la negociación porque ellos son la parte más débil entre quien tiene el dinero y quien administra los recursos públicos".

La abogada instó a trasladar la discusión a la provincia —recordó que el actual gobernador Miguel Lifschitz fue quien firmó el proyecto de expropiación cuando era intendente— y a la Legislatura provincial; mientras que Augusto Vidoret, abogado de 50 familias, solicitó involucrar al Ejecutivo nacional en el tema.