Las declaraciones del gobernador Antonio Bonfatti referidas a los abogados que forman parte de organizaciones delictivas y más precisamente de organizaciones de narcotraficantes resultan oportunas, pero indudablemente son insuficientes y motivaron las declaraciones de los colegios de abogados de las ciudades de Santa Fe y Rosario criticando la generalización y la ausencia de personalización de los responsables, con nombres y apellido.

Por ello hay que rescatar los aspectos positivos de aquellas declaraciones e ir por más. Sería lamentable que los poderes del Estado (los tres) y del ámbito nacional y provincial, se conviertan en periodistas relatores de este tipo de males y no culminaran su prédica verbal con acciones concretas; hablemos claro, denuncias, procesos, investigaciones, sanciones, lo que corresponda: no avancemos sobre la incumbencia de los periodistas de profesión.

Los colegios de abogados no protegen a estos colegas que perjudican la imagen de la profesión como tal pero, digámoslo, en forma alguna afectan a los letrados honestos que conforman la abrumadora mayoría. Aún más, como corporación se está en disposición (voluntad) y en posibilidad (estatutaria) para perseguir esas conductas desviadas a través del Tribunal de Ética y su eventual traslado a la justicia penal.

Desde el ámbito nacional, local y judicial, he escuchado reclamos hacia la profesión: "Qué esperan para hacer algo respecto de estos abogados". Siempre he reprochado esa demanda por la sencilla razón de que nuestra organización carece de elementos probatorios y datos fehacientes para enderezar una denuncia en el ámbito del Tribunal de Ética y por el contrario he criticado a nuestros críticos (mencionados) que por natural competencia, están en condiciones inmejorables para nutrir denuncias, procesos judiciales y por cierto también éticos.

Como dice el Colegio de Abogados de Santa Fe, no se duda en juzgar a los letrados asesores legales pre delito de esas bandas; como dice la organización, se ha combatido la conducta de los abogados caranchos o que incurren en cualquier otra desviación del ejercicio profesional. También nuestro colegio de Rosario tiene una riquísima historia en ésta materia.

Por todo ello, con los defectos apuntados, estimo que la comunidad pretende que el señor gobernador brinde nombres y apellidos de los abogados que a su criterio participan de estas bandas y promueva las acciones administrativas y penales correspondientes, dando cuenta también a los colegios profesionales. Lo mismo cabe reclamar a los señores fiscales, sin perjuicio de sus opiniones periodísticas que son valoradas y estimulan a la acción, pero será más apreciado su cometido jurisdiccional.

La sociedad santafesina debe exigir acciones muy concretas contra la inseguridad y el narcotráfico, pero además que no decaiga en ningún momento, la consideración y preocupación en este tema, que se incorpore culturalmente la necesidad de no dejar pasar nada, no abandonarse en la pasividad o en la sensación de que la partida está ya perdida, cuando ni siquiera aún nos hemos presentado a disputarla. Si la sociedad no se entrega al determinismo derrotista, saldremos airosos, no hay dudas.

Confiemos en nuestra fuerza y exijamos la multiplicidad de acciones que resultan necesarias ejecutar.

(*) Presidente del Foro Regional Rosario