La Cámara Federal confirmó el procesamiento de un hombre que explotaba un taller textil clandestino de la Capital Federal en el que trabajaban tres adolescentes de nacionalidad boliviana en jornadas que superaban las 15 horas, en muchos casos sin percibir remuneración.

La medida dictada por el tribunal alcanzó a Agapito Vallejos Contreras, a quien el tribunal responsabilizó por los presuntos delitos de trata de personas a menores de 18 años y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país, agravado por la edad de las supuestas víctimas.

Allegados al sumario que instruye el juez federal Julián Ercolini precisaron que la causa se inició por la denuncia de una vecina del local, ubicado en pasaje de las Provincias 3.125, quien refirió haber visto que de una de las ventanas del taller colgaba una soga armada con prendas de vestir.

Una nota. Ello, sumado a que en su patio la vecina encontró una nota proveniente del local, en la que se solicitaba auxilio, le generó la impresión de que "alguien intentaba escapar" del taller.

Un allanamiento ordenado por Ercolini permitió conocer que en el taller que dirigía Vallejo Contreras trabajaban tres adolescentes, todos, salvo uno de ellos, en "condiciones migratorias irregulares".

La Sala I de la Cámara tuvo por probado que "estas personas prestaban servicios en manifiesta infracción a normas laborales, de seguridad social y migratorias" y que "las jornadas de trabajo se extendían desde las 7 hasta las 22, con una hora para almorzar".

Según las fuentes los adolescentes "recibían un sueldo fijo pero en forma irregular, ya que en la mayoría de los casos este era retenido por el imputado", que habían abandonado sus estudios, que todos vivían en el lugar y que para retirarse del mismo debían pedir permiso al procesado, porque era el único que tenía las llaves del inmueble.

"Es dable afirmar -expusieron los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah- que Vallejo Contreras captó a las víctimas en su país natal, les ofreció un trabajo y acogerlas en su taller textil" para "aprovechar la fuerza de trabajo de los perjudicados". Los camaristas agregaron que las condiciones personales de los damnificados (edad, situación migratoria, pobreza, nivel de escolaridad, exclusión social y cultural) los colocaba en una "situación de vulnerabilidad" al momento de su captación en Bolivia para su traslado a la Argentina. l (Télam)

Condenada por el abuso de su hija

Una mujer fue condenada en La Pampa a 22 años de prisión por permitir que su hija de 12 fuera abusada sexualmente, en tanto que su pareja recibió una pena a 17 años de cárcel por el mismo hecho.
  La condena incluyó a Javier Walter Ríos, de 44 años, quien también habría abusado de la niña, por lo que recibió una condena a diez años de prisión.
  La mujer, identificada como Andrea Viviana Pérez, de 37 años, continuará cumpliendo prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena, que será apelada por sus defensores, ya que tiene tres hijos pequeños. En tanto, su pareja, Miguel Angel Platino, de 33 años, padre de los tres niños, ya está cumpliendo la condena en prisión.
  La mujer fue denunciada el año pasado por su hija, que actualmente tiene 13 años, quien huyó de su casa de General Pico y se refugió junto a su padre, que vive en la González Moreno. La chica afirmó que había sido sometida sexualmente y acusó a su madre, al concubino de esta y al otro hombre. La mujer fue condenada por “corrupción de menor agravada por el vínculo, en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la pluralidad de autores”. l (DyN)