El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta se distinguió ayer del presidente de máximo tribunal de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien había exhortado a los jueces penales a no confundir las garantías constitucionales con "la puerta giratoria", en alusión a una supuesta tolerancia a habilitar excarcelaciones de manera liviana. Erbetta se desmarcó de esa opinión alegando que los registros de política criminal prueban que no hay tal flexibilidad.

"No estoy de acuerdo con Lorenzetti y me avalan las estadísticas", dijo Erbetta. "En los últimos diez años se duplicaron las encarcelaciones en Argentina, ya que hay el doble de personas tras las rejas que en 1997", enfatizó.

El planteo de Erbetta se corresponde con los diagnósticos de los últimos encargados de las políticas de seguridad de la provincia. En 2005 el ministro Roberto Rosúa se había quejado porque en la provincia, por entonces, había 2.600 presos con sus procesos abiertos y que muchos terminan absueltos, por lo que les requería más celeridad con los expedientes para no lesionar derechos humanos.

Pantalones largos. Esta semana quedó entablada una polémica por las excarcelaciones, cuestionadas hace tres días por la presidenta Cristina Fernández, quien deslizó que existía liviandad al promover liberaciones. "Que los jueces se pongan los pantalones largos y dejen de liberar detenidos", había advertido la mandataria.

Erbetta dice, contra lo que sugiere el sentido común, que hay mucha más gente ingresando que saliendo de prisión. Afirma que se han endurecido los trámites que impiden las excarcelaciones. Y que por eso la mayoría de los presos quedan encerrados aún cuando no tienen condena lo que, según la ley, sólo debería ser excecional.

"El 70 por ciento de los detenidos que tenemos en el país carece de sentencia firme, por lo que no es cierto que se ponga encima el proceso a la seguridad de la gente", declaró el penalista rosarino a Radio Dos.

Chicos e imputabilidad. El funcionario del Poder Judicial se manifestó, por otra parte, contrario a la rebaja de la edad de imputabilidad de los menores. "La actitud del chico que sale a robar no se modifica por una ley así. Hay que pensar en las causas que llevan a ese joven a delinquir y en la manera de reincorporarlo a un sistema que lo tiene afuera y sin esperanzas".

Postuló que debe existir un régimen penal juvenil que defina sanciones pero también garantías para los chicos en conflicto. "El Estado debe comprometerse con políticas activas", dijo. Adujo que en Santa Fe "el sistema actual de menores es muy duro, es tan duro que hay muchos menores presos que nos trajeron dolor de cabeza con los organismos de derechos humanos internacionales por tenerlos encerrados".

La semana pasada el ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Superti, se dijo partidario de bajar el umbral de imputabilidad a los 14 años, aunque con la salvedad esencial de ofrecer garantías y plazos procesales que hoy están ausentes. Superti coincide con Erbetta en un argumento de base: la ley penal no es un remedio para las causas que provocan el delito juvenil, que se conjura desde el Estado con la creación de un horizonte de inserción a partir de la educación, la garantía de derechos materiales esenciales y de acceso al mundo del trabajo.