El proyecto de despenalización del aborto que ayer comenzó a considerar la Cámara baja plantea el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

Fuera de ese plazo, es posible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones fetales graves. La propuesta establece que la interrupción voluntaria de embarazo deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. También, que las obras sociales y prepagas deberán cubrirla.

La iniciativa contempla la objeción de conciencia de los profesionales, pero siempre una autoridad deberá "garantizar la realización de la práctica".

El proyecto declara que "la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo", sino que todas tomarán "en libertad las decisiones que juzguen necesarias".