Un gestor fue procesado por defraudar al fisco y a sus propios clientes con el sellado falso de contratos de transferencia o patentamiento de vehículos. El fraude fue detectado por la Administración Provincial de Impuestos (API), donde advirtieron timbrados que no se correspondían con los emitidos por los organismos oficiales.

La maniobra detectada consistía en la falsificación de los formularios de pago de patentes o de trámites vinculados a la compraventa de autos.

El juez de Instrucción Juan Andrés Donnola procesó al gestor A.C., de 48 años, por cuatro casos de estafa en concurso con el fraude a la administración pública y la falsificación de timbrados destinados al cobro de impuestos. Además, dispuso un embargo de 20 mil pesos para el acusado, quien está en libertad porque no tenía antecedentes penales.

La denuncia. La investigación fue iniciada por la API el 21 de mayo pasado. Ese día el ente fiscal de la provincia puso en conocimiento de la Justicia que se había verificado la adulteración de timbrados en distintos contratos de transferencias presentados ante el Registro de la Propiedad Automotor. Lo que se detectó es que en esos contratos el número de sellado no se correspondía con la secuencia que emitían las máquinas timbradoras habilitadas para ese trámite en la API y el Nuevo Banco de Santa Fe.

En forma simultánea, algunas de esas maniobras fueron advertidas en la comuna de Zavalla, donde observaron que si bien desde el Registro enviaban los formularios 1057 para trámites de patentamiento de autos, los mismos no figuraban en el padrón de patentes de la comuna.

Las pruebas. Así, en tribunales se corroboró que en los cuatro casos los tickets no pertenecían a la secuencia, fecha de emisión y número de operación de las máquinas timbradoras desde donde supuestamente habían sido librados. Además, la sección Escopometría de la Jefatura dictaminó que los tickets no se correspondían en sus impresiones gráficas, tinta y papel con los que se usan oficialmente en estas operaciones.

Quedó así bajo sospecha A.C., un gestor matriculado y "conocido en el ambiente desde hace más de ocho años" que se había encargado de los cuatro trámites en cuetión.

De acuerdo con la resolución judicial, ese fraude le permitía quedarse con el porcentaje del 1 por ciento que se cobra en concepto de impuesto de sellos en ese tipo de trámites. Esto le permitió adueñarse de 250 pesos, 600, 800 y 3.600 en cada caso. El fraude provocó una pérdida al Estado y a sus clientes, que se vieron perjudicados con la falsa inscripción de sus vehículos en el Registro.