El suboficial Osvaldo G. tiene 37 años y hasta hace pocos días cumplía funciones en la recientemente inaugurada comisaría 28ª del barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, por disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia fue pasado a disponibilidad después de que tres mujeres que fueron convocadas a la seccional para comparecer en el marco de una pesquisa en la que estaban imputadas, denunciaran que el uniformado las quiso extrosionar pidiéndoles dinero.

El operativo en el cual el suboficial fue detenido lo realizó la Dirección Provincial de Asuntos Internos y se originó en una denuncia radicada el jueves 9 de mayo por una vecina de la zona oeste de Santa Fe cuya identidad no trascendió. La mujer dijo que algunos días antes su hermana había sido víctima de lesiones por parte de otra joven en medio de una reyerta vecinal. Dos semanas después de ese hecho, la mujer recibió una citación dirigida a ella y a sus dos hermanas para comparecer en carácter de imputadas a la comisaría 28ª a partir de una denuncia radicada contra ellas.

Así fue como las tres mujeres se hicieron presentes en la seccional junto a un abogado particular y ante la consulta del profesional sobre los motivos de la citación y qué imputación pesaba sobre sus clientas, el sumariante de turno (el suboficial Osvaldo G.) le manifiestó que para no realizar ninguna acción ni avanzar en la pesquisa debían abonar la suma de 700 pesos por cada una.

Ante tal situación las mujeres presentaron la denuncia en la Dirección de Asuntos Internos que el lunes concretó el operativo de entrega controlada con dinero marcado por la Justicia en el domicilio de la denunciante, lugar al que había sido convocado ex profeso el suboficial G. Tras recibir los 2.100 pesos solicitados, el policía pretendió irse del lugar en su auto particular pero terminó arrestado y puesto a disposición del juzgado de Instrucción 7 de la capital provincial, a cargo de Diego De la Torre.

Fuentes ministeriales dijeron que el pase a disponibilidad implica una medida provisoria mientras se desenvuelve la investigación judicial y se realiza el respectivo sumario administrativo. Además, esta situación precautoria respecto de estos agentes obliga a que entreguen el arma reglamentaria y la credencial policial, además de la afectación sobre sus haberes mensuales.