Un fiscal pidió penas de entre 5 y 7 años de cárcel para 16 policías de la Unidad Regional II por someter a vejaciones a un grupo de jóvenes que fueron conducidos a la comisaría 11ª tras un incidente en un colectivo ocurrido en junio de 2006. Las condenas fueron solicitadas sobre el final del juicio que se lleva adelante contra los efectivos, imputados como coautores de vejaciones agravadas por el empleo de violencias y amenazas.

Esa es la pena que pidió en sus conclusiones el fiscal Esteban Franichevich para los policías implicados, que trabajaban en la comisaría 11ª, el Comando Radioeléctrico y la Patrulla Urbana cuando se produjo la controversial detención de un grupo de jóvenes a quienes acusaron de haber golpeado a un efectivo para robarle el arma. Los chicos denunciaron que en la comisaría de zona sur les pegaron, los hicieron desnudar y los manosearon. Por sus graves implicancias institucionales, el caso motivó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Madrugada de terror. Todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del domingo 11 de junio de 2006. Un grupo de jóvenes que habían salido de un cumpleaños de 15 que se realizó en el Sindicato de la Carne tomó un colectivo de la línea 142 rumbo a Villa Gobernador Gálvez. Entonces, un auto blanco con tres ocupantes hizo detener la marcha del micro y un policía de civil los obligó a bajar.

"Los pibes empezaron a pedirle al tipo que se identificara con nombre y apellido porque no tenía uniforme. Ahí fue que empezó a los tiros", afirmó entonces a este diario Gisela, una de las chicas detenidas. Los disparos hirieron a dos de los adolescentes. Y mientras un grupo quedó detenido allí mismo, otros jóvenes volvieron a subir al colectivo y tres móviles del Comando Radioeléctrico los apresaron al descender en Villa Gobernador Gálvez.

Todos ellos fueron conducidos a la comisaría de Lamadrid al 200 bis, en el sur rosarino. Allí los acusaron de ser los autores del ataque al policía Rodolfo Ojeda, quien esa madrugada fue agredido por personas que lo dejaron inconsciente a golpes para robarle el arma en Lituania y Avenida del Rosario. Cuando el efectivo fue trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña, personal del Comando salió a buscar a los supuestos agresores.

Las acusaciones. "Nos decían «ustedes son los que le pegaron al policía» y nos empezaron a golpear. Nos hicieron arrodillar contra una pared y después nos obligaron a desvestirnos", sostuvo en aquel momento Marcelo, otro de los jóvenes detenidos, tras denunciar los maltratos en Tribunales.

En la causa penal que se tramitó en el juzgado de Instrucción Nº 10 se constató que al menos once chicos resultaron con lesiones. En este sentido, se comprobaron "patadas, agresiones, golpes, pisoteadas y severidades".

De acuerdo con la investigación judicial, los jóvenes fueron desnudados y sufrieron "manoseos, insultos, golpes y patadas", los amenazaron con prenderles fuego, "arrojaron en las prendas íntimas de un detenido yerba mate usada, los exhibieron desnudos, les colocaron la cachiporra sobre el hueco trasero del pantalón y los tomaron de los pelos".

La causa ahora está en la etapa de juicio en el juzgado de Sentencia Nº 1, a cargo de José María Casas. En la instancia final de ese trámite escrito, el fiscal Franichevich pidió que catorce de los imputados sean condenados a 5 años de prisión y 7 de inhabilitación especial como autores de vejaciones agravadas por el empleo de violencias y amenazas. Se trata de los efectivos Rubén Cabaña, Javier Angulo, Pablo Cuesta, Fabián Fantín, Oscar Gatti, Félix Rojas, Gustavo González, Abelardo Chazarreta, Héctor Sánchez, Carlos Cabaña, María Tomasini, Hugo Baroni, Aníbal Roldán, Oscar Muñoz y Miguel Angel Rivero.

En tanto, para el cabo Antonio Flores, también imputado, el fiscal pidió una pena más alta porque registraba un antecedente (ver aparte). Y por último, pidió la absolución de un efectivo que demostró que al momento de los incidentes se retiró de la comisaría porque su hija estaba enferma.

Antecedente

Para el cabo Antonio Flores, el fiscal solicitó una condena de 7 años de pisión y 8 años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Eso se debió a que tenía un antecedente penal. Se trata de una condena por apremios contra chicos, lo mismo que le implicaron en la causa que ahora está en juicio.