Durante las décadas anteriores Rosario ha tenido tasas de violencia menores a la media nacional. Pero en los últimos años los índices de violencia han sufrido un incremento significativo, llegando en lo que va de 2013 a más de 200 homicidios en los que gran parte de los protagonistas (víctimas y victimarios) son jóvenes varones de barrios populares.

El análisis de esos episodios de violencia indica que en contextos de exclusión social muy intensa resulta patente la dificultad de los jóvenes para construir identidad a partir de las instituciones tradicionales (trabajo, escuela, etc), por lo que pertenecer a una "banda" que se enfrenta violentamente con otros grupos antagónicos es la opción disponible más atractiva para enfrentar esta crisis de identidad y, así, generar respeto, reconocimiento y prestigio social para estos jóvenes. La proliferación de economías delictivas de comercialización de sustancias psicoactivas incrementa y complejiza este espiral de la violencia.

A su vez, la forma en que la agencia policial se presenta en esas áreas de la ciudad también es un factor de suma importancia en el aumento de la violencia en Rosario. Dos aspectos del trabajo policial inciden directamente sobre dicha problemática. Por un lado, a menudo el único contacto que los jóvenes de clases populares tienen con el Estado es por medio de la policía, la mayoría de las veces en forma violenta y denigrante, a través de razzias y del hostigamiento en el espacio público. Lejos de controlar en forma efectiva el delito, esto lo reproduce porque estigmatiza y consolida la identidad criminal. Por otra parte, la connivencia y el gerenciamiento que la agencia policial realiza con las economías delictivas ancladas en la zona, brindando protección y proveyendo de recursos (información, armas de fuego, vehículos, garantía de impunidad) contribuye a aumentar la violencia.

Por ende nos enfrentamos a la urgente necesidad de que el Estado abandone las medidas superficiales de tinte meramente electoral para avanzar en políticas públicas integrales que puedan abarcar el fenómeno en toda su complejidad. Entre ellas, poner en marcha programas focalizados de inclusión social y cultural con jóvenes que articulen propuestas atractivas para competir con el uso de la violencia y el delito, así como una profunda reforma policial que permita una transición del modelo delegativo imperante en las últimas décadas hacia un esquema de gobierno político y democrático de las fuerzas de seguridad.