El dirigente toba (qom) de Formosa, Félix Díaz, pidió ayer la intervención de la presidenta Cristina Fernández para que "garantice" la vida de los aborígenes tras la represión de una protesta que provocó dos muertes, en el marco de una reunión en la ciudad de Buenos Aires, donde fue apoyado por organismos de derechos humanos que pidieron la renuncia del gobernador Gildo Insfrán.

Díaz relató los hechos ocurridos durante el desalojo y pidió que "la presidenta nos escuche y que proteja nuestra seguridad física, que podamos circular libremente en la provincia sin ser sitiados por criollos de la zona".

"Estamos esperanzados en que ella resuelva esto porque en la provincia es imposible", sostuvo Díaz, en alusión a la situación generada tras la represión que produjo dos muertes el 23 de noviembre, cuando los aborígenes cortaban en la ruta nacional 86, en demanda de tierras.

El dirigente también denunció que "la policía no tenía orden judicial para desalojar la ruta. El comisario me apuntó con escopeta y me dijo: «Salí de mi camino si querés vivir». No salí porque queríamos ver la orden judicial. La policía no tiene jurisdicción sobre la ruta".

"Al juez Mauriño (citado a declarar por la Justicia por considerar que ordenó el desalojo y estuvo presente en la ruta) lo conocemos y no le vimos la cara en el desalojo. Nunca estuvo en la ruta", afirmó Félix Díaz.

Díaz dijo estar "ansioso por escuchar a la presidenta. Queremos saber qué va a decir ella" y agregó: "Queremos que se haga justicia, que esto se termine. Hay que investigar. Queremos que la Justicia funcione para todos, no puede ser que la policía nos mate y queme nuestras cosas".

Díaz estuvo acompañado por el dirigente de Amnistía Internacional, Julio Montero; el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel; la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, y el director del Inadi, Claudio Morgado.

Pérez Esquivel, en tanto, pidió "la renuncia del gobernador de Formosa, la destitución inmediata del comisario y fuerzas policiales que hicieron la represión y que tienen que estar procesados por crímenes".

Verbitsky, por su parte, consideró que "el Estado tuvo un desempeño contradictorio" en el conflicto y afirmó que "el Inadi acompañó desde el primer momento, pero la Gendarmería Nacional hizo un dictamen a pedido de la provincia" sobre los hechos, en el que "arriesgó juicios que no le corresponden".

"Hay cinco mil hectáreas que pertenecen a la comunicad qom, reconocidas por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1940 y el gobierno provincial en 1951", explicó el presidente del Cels respecto de las tierras reclamadas por la comunidad toba.

"En 1978 fueron desalojados, a excepción de la parcela que ocupa la familia Celía, porque tenía vínculos con el gobierno militar. Uno de ellos fue luego designado como intendente de Laguna Blanca", relató Verbitsky.

El abogado que representa a los aborígenes de la comunidad La Primavera, Eduardo Davis, anunció que recusará al juez que investiga los hechos ocurridos durante el desalojo, Gabriel Garzón, por considerar que "cometió acciones que buscan sólo comprobar responsabilidades de los hechos a los aborígenes".

"Aquí hay que investigar la represión policial y no sólo, como hace el juez, la responsabilidad de los tobas", sostuvo el abogado, y manifestó que "se han perdido pruebas como el hecho de no haberle hecho las pericias con parafina a los policías que estuvieron en el enfrentamiento". l (DyN y Télam)