El jefe comunal de María Juana, Eduardo Abdo, fue procesado por el juez de Instrucción Penal de San Jorge, Néstor Troncoso, por la probable comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El jefe comunal de María Juana, Eduardo Abdo, fue procesado por el juez de Instrucción Penal de San Jorge, Néstor Troncoso, por la probable comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El procesamiento, que fue rubricado por el juez el 4 de julio último al empezar la feria judicial, también alcanza al vicepresidente comunal, Juan Carlos Suppo y a Ana Paula Toselli, quien se desempeñaba como tesorera de la comisión comunal en 2010, cuando un representante de la minoría inició una causa ante la Justicia para que se investigue el proceso de administración y ejecución de la obra de cloacas en la localidad.
La causa se inició el 22 de julio de 2010 mediante una presentación efectuada por José Luis Motto (FPCyS), miembro titular de la Comisión de Contralor de Cuentas de la comuna, ante el fiscal del tribunal de San Jorge, Pedro Leyes. A través de la denuncia el funcionario dio información detallada sobre la administración y la forma de manejo de fondos de la obra en cuestión y solicitó que se promueva una investigación para determinar la posible comisión de hechos delictivos por parte de la comisión comunal.
Cloacas. Para Motto fue clave un informe de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia, que señaló irregularidades en los manejos administrativos y contables en torno a la proyección y ejecución de la obra de cloacas en la planta urbana de esta población, de unos seis mil habitantes, que comenzó a ejecutarse a mediados de julio de 2011.
El documento ratifica las sospechas que investigan los integrantes de la oposición y que llegaron a conformar el expediente judicial por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de funciones, por el cual ahora se procesó a Abdo, Suppo y Toselli. Según fuentes vinculadas a la causa también se investiga la posibilidad de que la administración comunal haya malversado fondos públicos.
La pronunciación de Municipios y Comunas indica que la ordenanza comunal que declaró de interés público la construcción de la primera etapa de los desagües cloacales, con un presupuesto de 4.866.466 millones de pesos, no fue consultada a los beneficiarios como obligatoriamente correspondía. Si bien hubo un llamado a los vecinos para que expresen su disconformidad en el libro de oposición, no se aportaron en la norma los elementos esenciales para que los vecinos evaluen la jerarquía, costos y financiación de la obra.
Tierras. Por otra parte, se efectuó la compra directa de un terreno, en el que se harían las lagunas de decantación de desechos cloacales, en contraposición a la legislación vigente que prevé el sistema de licitación pública para esas adquisiciones, teniendo en cuenta los valores de la operación. Se pagaron 36 mil dólares por dos hectáreas.
Además se adjudicó por una ordenanza, emitida el 27 de enero de 2011, la prestación del servicio público de desagües cloacales a la Cooperativa Telefónica de María Juana por un plazo de 20 años. Esta medida fue observada porque se aprobó con el pronunciamiento de tres votos favorables de los cuatro miembros presentes en la reunión en la que se trató el tema, cuando la ley exige los dos tercios de la totalidad de los miembros de la comisión comunal. Así se habría trasgredido un requerimiento legal al que se suma la ausencia de intervención del organismo sanitario provincial específico y la Secretaría de Medio Ambiente.
Entre otras irregularidades mencionadas en la denuncia, además se cita que se evitó clarificar por qué mediante una ordenanza se disponía la entrega a título gratuito de una retroexcavadora de la Cooperativa Telefónica a la comuna y luego, en el mismo documento, consideraba a la entrega de la máquina como parte de pago de la concesión de la explotación del servicio cloacal a favor de la cooperativa, con plazo de 20 años.
Apelación
Consultado por La Capital Abdo afirmó que “aún no fuimos notificados. Nos llegó una versión extraoficial y por lo tanto consultamos a nuestros abogados que hoy (por ayer) llegaron al tribunal y se les informó sobre el procesamiento, que apelaremos en días”. El jefe comunal dijo: “No estamos de acuerdo con la decisión que se tomó porque, si bien reconocemos la existencia de algunos errores en el proceso de ejecución en cuestión, fueron advertidos y enmendados en su momento. Junto a los demás funcionarios que se cuestionan estamos muy tranquilos porque las cosas se hicieron bien. Esta controversia fue planteada por motivos estrictamente políticos. No es casualidad que el tema resurge a 20 días de una elección, como ocurrió hace dos años cuando hicieron la denuncia penal”.
Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
