Tras finalizar un año histórico en la política del país y sus implicancias en la fase electoral, que más de una vez fueron centro de escena, el nuevo gobierno electo se enfrenta a múltiples desafíos. De cara a todos los retos uno aparece como central: la información y la confianza de la sociedad. La información que se debería generar y que funciona como insumo para la toma de decisiones, no es participada y provoca una serie de trastornos en las determinaciones, planes, asignación de recursos que puede frustrar el objetivo de política perseguido por el nuevo oficialismo. En conexión a esto, la desconfianza de los agentes a la gestión de sus autoridades e instituciones compromete los resultados de cualquier política de estabilización.

Frente a un contexto de información asimétrica los nuevos gestores actúan bajo una racionalidad más que limitada, ya que a falta de datos suficientes no es posible elaborar una valoración concreta de la realidad. Si no tenemos noción de nuestra restricción presupuestaria y externa, por ende, no poseemos valuaciones del producto argentino y no se encuentra estimada la pobreza y el desempleo. Se presume que la gestión prepare un esquema de acción "promedio" para todas las aéreas que se consideran prioritarias, dando como resultando que se subestimen sectores que pueden estar en una situación más crítica y se sobrestimen los mismos que no son de urgencia.

De antemano el cambio de gobierno viene aprehendido con costos innecesarios, donde deberán revertir la problemática del recorte tendencioso de la realidad que utilizan como indicador y la ausencia de credibilidad. En conclusión, se generan nuevas erogaciones que sin la intervención del Indec a fines del 2006 y sin la transición no cooperativa, no se incurrirían.

Costos extras. Ante la falta de credibilidad de las autoridades, el costo social de las políticas se eleva. Por ejemplo, al implementar un plan de estabilización el impacto deseado de las políticas económicas será menor o tendrá retraso, ya que en presencia de expectativas negativas y sin confianza de que las promesas puedan cumplirse, la sociedad permanece miope (horizonte de corto plazo) y paraliza sus decisiones económicas. Importante: recuperar la credibilidad no solo abarca a la sociedad que desacreditó el gobierno de estos años, sino que también captar la confianza de aquellos que le daban su consentimiento.

Reivindicar al Indec no será una tarea sencilla. Es imprescindible la auditoría meticulosa durante un período lógico y deberían abstenerse de continuar series desacreditadas. Paralelamente, la información es costosa, reconstruir las estadísticas oficiales implicara tiempo y dinero asignado a este objetivo.

Tal vez no esté de más recordar, por sí es el mismo equipo de trabajo, la futura credibilidad del Indec. Y hacerlo, además, desde el presupuesto de aquel 2007 donde estuvo disfrazado por una aterradora "versión oficial", no es ignorar los nuevos indicadores, sino es dudar de la ética y profesionalización de los trabajadores donde nos han querido someter a una serie de indicadores simulados o desacreditados.

De todas maneras el coste de transición es menor que el coste social de mantener el esquema anterior.