Desde hace tiempo la provincia de Santa Fe enfrenta demandas por denegación de justicia o violación a derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con sede en Washington. Son cuatro casos que pueden motivar sanciones al Estado nacional si el organismo internacional encuentra justificados los planteos que motivaron las denuncias.

Para evitar esto último autoridades del gobierno provincial se entrevistaron en Rosario con funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la audiencia dos ministros señalaron que la provincia colaborará "en todo lo que sea necesario" para garantizar los derechos de la ciudadanía en el territorio santafesino y facilitar la tarea de control de los organismos internacionales.

Las demandas fueron originadas en la provincia por ciudadanos que entienden que se vulneraron sus derechos y no se dieron respuestas a sus reclamos judiciales. Estos hechos impulsaron las presentaciones que tramitan en la Cidh y pueden terminar en la Corte Interamericana.

"Normalmente la Cidh busca dos cosas: encontrar una solución negociada y garantizar el principio de no reiteración que implica obtener reaseguros para que esa eventual violación no se repita", dijo a La Capital el ministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Superti. "Estamos de acuerdo en ir por ambas cosas", sostuvo.

Los casos. El más resonante de los casos en territorio provincial por los que se elevaron demandas a la Cidh fue el recurso presentado por el Carlos Fraticelli por entender que había sido mal destituido como juez penal de Rufino. Otra presentación que tuvo amplia difusión fue efectuada en mayo de 2006 por la situación de menores detenidos en el Irar de Rosario.

También existe una demanda a raíz de un juicio penal originado en un caso de mala praxis en el Sanatorio Rosendo García que es la más antigua de todas. El último caso es el de un hombre de apellido Godoy que fue condenado en un juicio oral —en la variante excepcional prevista en el viejo sistema procesal— y no tuvo posibilidad de apelación.

Como Argentina es un país de organización federal los problemas de la provincia que llegan a la Cidh los atiende la Nación. De allí la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hace dos meses la presidenta de ese organismo, Luz Mejía Guerrero, expuso en Buenos Aires el estado de las denuncias originadas por casos ocurridos en Santa Fe. De allí surgió la reunión en la provincia la semana pasada.

"Se analizaron los casos concretos y la vocación de no reiterar situaciones como las que dieron lugar a las demandas y el respeto por la acción de estos organismos internacionales en el control de lo que ocurre en la región", sostuvo Superti.

Al adherir Argentina a pactos internacionales los veredictos de la Cidh pueden tener impacto en el orden interno. El ejemplo más reciente es el fallo que en 2008 anuló una condena al periodista Eduardo Kimel y obligó a despenalizar el delito de desacato.

Superti resaltó que algunos de los casos originados en Santa Fe se deben a la arbitrariedad distintiva del viejo sistema de enjuiciamiento de delitos. "En el sistema anterior cuando se juzgaba en juicio oral no existía lo que se llama doble conforme que es la posibilidad de apelar a un órgano superior para que se revise la condena. El modelo previo estaba lleno de cuestiones que contradecían lo que exigen los tratados internacionales. Con lo que se está poniendo en marcha entramos en armonía con lo requerido", indicó.

Participaron del encuentro además de Superti el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías; el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; y la secretaria de Salud, Débora Ferrandini. La Corte Suprema de Santa Fe estuvo representada por su secretario de Gobierno, Eduardo Bordas. Por la Nación llegaron Gonzalo Bueno, abogado de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, y Ramiro Badía, abogado de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.