La norma provincial de enjuiciamiento de jueces indica que no se puede dar publicidad a las denuncias mientras la Corte no las admita. Desconocer esto implica multas y penas de arresto de hasta 30 días. Eso lo dispone la ley 7030 que rige hace 36 años.

Este apartado se volvió arcaico, refutado en la práctica y de cuestionable constitucionalidad. Es cierto que pedir un jury puede implicar una acción maliciosa de quien lo hace. Pero la trascendencia pública del caso Fraticelli, por sus derivaciones institucionales, hace imposible que las acciones colaterales a la causa principal queden sin difundirse.

De hecho hasta cuando fue necesario apartar a Fraticelli para juzgarlo, hace nueve años, fue el propio juez de Instrucción de Melincué Carlos Risso quien anunció ante la prensa que había solicitado la medida.

Pero la reserva del procedimiento del jury cuestiona, sobre todo en un caso de interés público, el derecho de la comunidad a ser informada. Supone un privilegio respecto de otros funcionarios de la administración pública que pueden ser denunciados sin ese amparo.

La atmósfera de época no ampara tal planteo. No sólo porque está en trámite la despenalización de delitos de injurias y calumnias en casos de interés público por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Kimel".