El miércoles 18 de noviembre se supo que el gobernador Antonio Bonfatti había decidido no impulsar la acusación contra la única persona procesada por la autoría material del atentado a balazos cometido contra su casa, el 11 de octubre de 2013: Emanuel José "Ema Pimpi" Sandoval. Mediante un escrito presentado ante la jueza Alejandra Rodenas, el abogado que representa al mandatario como querellante, Héctor Superti, hizo saber que no promoverá la acusación, lo que no implica abandonar el rol a fin de ubicar a los responsables del hecho, en el caso de que en el futuro se identifique a más personas implicadas en este delito.

Esa determinación pareció el reconocimiento implícito de que las evidencias reunidas contra Ema Pimpi no son suficientes para avanzar hacia una condena. Además, abre el interrogante sobre qué hará el fiscal que debe proseguir la causa con el mismo imputado, e instala la idea de que si no se producen novedades, el ataque de mayor gravedad institucional desde la recuperación democrática en 1983 puede quedar impune. De hecho, no hay en el trámite judicial ninguna hipótesis que conduzca hacia personas o motivaciones distintas de las que ya se establecieron. Sólo el policía Pablo Espíndola está procesado por el encubrimiento del hecho ya que en su poder se encontró un arma que las pericias comprobaron había sido usada para perpetrar el episodio.