Roma. — La Justicia de Italia abordó ayer si la ley que garantiza la inmunidad al premier Silvio Berlusconi viola la Constitución, en una audiencia políticamente delicada que podría reabrir juicios en su contra. Tras la audiencia pública, los 15 jueces del Tribunal Constitucional se retiraron para deliberar su decisión y después de unas dos horas en privado aplazaron la reunión hasta hoy. Medios italianos han anticipado que las diferencias entre los jueces podrían hacer retrasar un veredicto dos semanas.

La controvertida ley conocida como "Lodo Alfano", que protege a los cuatro altos cargos del Estado entre ellos Berlusconi de la posibilidad de ser juzgados, fue uno de los primeros pasos del gobierno del líder conservador cuando asumió su tercer mandato el año pasado. Como resultado, se vieron frenados los juicios en su contra, incluido un proceso en el que estaba acusado de sobornar al abogado británico David Mills para que éste diera un falso testimonio que protegiera sus negocios.

Otros dos casos, uno en el que se acusa a Berlusconi de fraude fiscal y contabilidad falsa por la adquisición de derechos televisivos de la cadena de propiedad familiar Mediaset, y otro por intentar sobornar a senadores de la oposición, quedaron congelados. Berlusconi niega que actuara contra la ley.

Los fiscales en esos casos apelaron al Tribunal Constitucional, argumentando que la ley de la inmunidad viola los principios de la Constitución, incluido el de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

El tribunal comenzó a debatir ayer. En un revés inicial para los fiscales que querían que se levantara la inmunidad de Berlusconi, excluyó a algunos de ellos de la audiencia por motivos técnicos, aunque no está claro si eso afectará a la sentencia final. "Todo es posible, pero confío en el sentido común del tribunal", dijo uno de los abogados de Berlusconi, Gaetano Pecorella.

Desafiante. Un Berlusconi desafiante dijo el lunes que agotaría su mandato y sus aliados cerraron filas en torno a él. "Berlusconi tiene asido firmemente el timón del país, porque esa es la voluntad de los votantes que le dieron el mandato por cinco años. La decisión judicial no decidirá el futuro del gobierno", dijo el ministro de Planificación, Gianfranco Rotondi.

Poco antes del comienzo de la audiencia en el Tribunal Constitucional, surgió un viejo caso en relación con el magnate mediático, cuando un tribunal de Milán impuso un pago por daños a su holding familiar Fininvest por sobornar a un juez en un batalla empresarial de adquisiciones en los 90. El tribunal civil dijo que Berlusconi era corresponsable en el caso de corrupción y que correspondía a Fininvest pagar una multa por monto de 750 millones de euros. La sentencia obliga a Fininvest a pagar la millonaria suma al grupo CIR (Compañías Industriales Reunidas), del empresario Carlo de Benedetti, por los daños patrimoniales derivados del control de la editorial Mondadori ante Berlusconi. De Benedetti es dueño del grupo de medios gráficos La Repubblica-Expresso, que enfrenta editorialmente a Berlusconi. Il Cavaliere ya había sido eximido penalmente en el caso Mondadori en 2007.