Nada menos que 28 políticos —entre ellos un ministro de Estado y cuatro ex ministros— forman parte de la lista de personas involucradas con el escándalo de corrupción en Petrobras entregada a la Justicia por el ex director de Abastecimiento de la petrolera brasileña, Paulo Roberto Costa, reveló ayer la prensa. Pese a que los nombres de los políticos acusados por Costa son mantenidos en secreto y recién se darán a conocer en febrero, el diario O Estado de Sao Paulo aseguró que tuvo acceso a la lista, que incluye al actual ministro de Minas y Energía, Edison Lobao. Además, estarían entre los denunciados por Costa los presidentes de la Cámara baja, Henrique Eduardo Alves; y del Senado, Renan Calheiros, así como cuatro ex ministros de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff: Antonio Palocci, Humberto Costa, Gleisi Hoffmann y Mario Negromonte.

Según las denuncias del arrepentido Costa, el escándalo involucra en total a 26 políticos oficialistas y a dos opositores, ambos ya fallecidos: el ex presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) Sérgio Guerra y el ex candidato a la presidencia por el Partido Socialista Brasileño (PSB) Eduardo Campos, muerto en agosto pasado en un accidente aéreo cuando hacía campaña.

Los otros 26 nombres de la lista integran la coalición oficialista: son ocho políticos del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y de Rousseff, ocho del principal socio del gobierno, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y diez del derechista Partido Progresista (PP). La nómina incluye además a diputados, senadores, a tres ex gobernadores y al gobernador reelecto del amazónico Estado de Acre, Tiao Viana, del PT.

Los políticos involucrados han negado cualquier vínculo con los escándalos de desviación de dinero de contratos firmados por Petrobras entre 2004 y 2012 para financiar a partidos políticos aliados del gobierno. Según el Ministerio Público, la red ilegal movió 10.000 millones de reales (unos 3.700 millones de dólares) a lo largo de ocho años.

Las investigaciones sobre el que podría ser el peor escándalo de corrupción de la historia brasileña se iniciaron en marzo pasado, con el arresto de personas acusadas de formar parte de una red de lavado de dinero encabezada por el cambista Alberto Yousseff. Entre los detenidos estaba Paulo Roberto Costa, quien firmó un acuerdo con el Ministerio Público para revelar datos a cambio de beneficios judiciales y es el principal testigo de las investigaciones. Fiscales brasileños aducen que ejecutivos de Petrobras conspiraron para inflar los precios de refinerías, barcos, anuncios publicitarios y otros bienes y servicios. También dicen que luego contratistas devolvieron un porcentaje de los contratos inflados a ejecutivos y miembros de la coalición gobernante de Rousseff en forma de sobornos y contribuciones para campañas electorales.

El escándalo resultó hasta ahora en la apertura de proceso penal a 39 personas, entre ellas Costa y el ex director del Area Internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, así como ejecutivos de grandes empresas privadas, como las constructoras OAS y Mendes Júnior. Según el procurador general de la República, Rodrigo Janot, las denuncias a los políticos involucrados en el escándalo recién serán formalizadas en febrero, luego del término del receso regular de verano del Poder Judicial, que se iniciará el lunes próximo.

Según indicó ayer una fuente del gobierno, la presidenta de Brasil está considerando a su jefe de gabinete Aloizio Mercadante y al futuro ministro de Planificación Nelson Barbosa para asumir como director de la junta directiva de la petrolera estatal. Rousseff, quien el jueves pidió sanciones para los responsables del escándalo, necesita nombrar a un nuevo director para reemplazar al saliente ministro de Finanzas Guido Mantega, sostuvo la fuente, que pidió anonimato ya que no puede hablar oficialmente porque el tema está en discusión.

Barbosa es visto como el candidato para quedarse con la posición debido a que su nombramiento sería una manera de equilibrar el poder entre los ministerios de Planeamiento y Finanzas, dijo la fuente. Pero Mercadante ha sido el aliado más cercano de Rousseff en los últimos meses, un hecho que lo podría catapultar al puesto, agregó.

En los últimos años, el director de Petrobras ha manejado la estrategia a largo plazo de la empresa y la ha alineado con las prioridades de desarrollo gubernamentales. Rousseff fue directora de la empresa petrolífera entre 2003 y 2010, cuando se habrían producido buena parte de los delitos en el supuesto sistema de sobornos que imperaba en la compañía. La mandataria, quien asumirá en enero su segundo mandato, ha dicho en repetidas oportunidades que no tenía información de esta situación y ha prometido llegar al fondo del escándalo.

Miles de empleados fueron despedidos

El escándalo, por el que se desviaron un total estimado en 3.760 millones de dólares de Petrobras, se está convirtiendo en el mayor caso de corrupción en la historia brasileña y podría frenar todavía más a una economía que ya se encuentra estancada. Ya fueron despedidos miles de trabajadores a medida que se frenan las actividades, o directamente se detienen, en proyectos que son parte del plan de inversiones de la compañía petrolera estatal a cinco años por 221.000 millones de dólares. Petroleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente a la empresa, no ha sido capaz de divulgar sus resultados del tercer trimestre porque los auditores no están dispuestos a certificar sus cuentas.