El Ministerio Público de la Acusación (MPA), por estar en proceso de formación, firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia y DDHH de Santa Fe. Ambos organizaron el concurso a director de la Escuela de Capacitación del MPA. Participé en tal concurso. Y cuando me es notificada el acta de la entrevista técnica oral observé que participó un alto funcionario del Ministerio de Justicia y DDHH. Más aún, el gobernador lo había nombrado con el cargo político de director provincial, es decir, en la conducción política superior del mencionado Ministerio.

No se puede ser concursante si a la vez se forma parte de la organización de un concurso. Y peor resulta este caso: este funcionario tuvo antes, durante y después del concurso el mismo lugar físico y los mismos teléfonos que la oficina del Ministerio de Justicia que se ocupó de la organización del mismo.

Este abuso en el ejercicio de las funciones públicas significa la ilegal y manifiesta violación del requisito de transparencia. Es, además, una injerencia del Poder Ejecutivo que envía a su candidato a concursar. Y viola la igualdad constitucional.

Por estos motivos solicito públicamente al señor gobernador de Santa Fe que honre a las instituciones republicanas y no deje que se pisoteen las más elementales pautas legales de conducta ética exigibles a un funcionario provincial. Le pido que en respeto de la Constitución, las leyes y la Convención Interamericana contra la Corrupción no nombre a este funcionario y concursante y solicite al fiscal general que designe a quien concursó respetando todas las normas legales, las de ética juridizada incluidas.