Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno presentaron el miércoles una denuncia formal contra su par Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, para que se lo investigue por la presunta comisión de delitos de acción pública. El pedido fue canalizado hacia la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, y la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. La iniciativa surgió en la extensa audiencia imputativa iniciada el lunes contra Máximo Ariel “Guille” Cantero y otras ocho personas acusadas de extorsionar al dueño de una agencia de loterías.

Antes de comenzar la audiencia Socca y Moreno mostraron información agregada al legajo recientemente tras el peritaje de uno de los celulares secuestrados a Mariana Ortigala, una de las acusadas de extorsión y sospechada de actuar como testaferro de Cantero. Socca y Moreno cuestionaron a Edery por mantener una relación impropia con la mujer que alguna vez fue allegada a Esteban Alvarado y terminó siendo una testigo clave en su contra en la investigación de Edery y Luis Schiappa Pietra que culminó con el empresario narco condenado a perpetua.

En esa causa Ortigala apareció como informante de Edery. Ayer Socca y Moreno exhibieron capturas de pantalla y señalaron que Edery habría omitido pasar información aportada por Ortigala de delitos que investigaban otros fiscales. También señalaron que ella accedió a información de procedimientos contra el delito que realizaban otros fiscales.

Moreno y Socca incluyeron en la denuncia todas las capturas de pantalla exhibidas en audiencia y que, según señalaron, pueden constituir delitos de Edery. Vranicich dio una instrucción para que se formalice un trámite penal en el que se analice la conducta del fiscal cuestionado.

Una larga audiencia

La audiencia imputativa a los nueve acusados de extorsionar al dueño de una agencia de loterías comenzó el lunes, continuó el martes y siguió ayer con declaraciones de los acusados (ver página 28) y las novedades incorporadas por los fiscales, que generaron el consiguiente revuelo institucional al interior del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Detenida el 11 de septiembre en su casa de Funes, Ortigala llegó al banquillo acusada de participar de la trama extorsiva contra el dueño de la agencia El Califa y sospechada de ser testaferro de Los Monos. Además se investiga la procedencia de 14 inmuebles que están a su nombre y que para Socca y Moreno fueron adquiridos luego de que comenzara a vincularse con Guille Cantero tras distanciarse de Alvarado.

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El miércoles, al inicio de la tercera jornada, Socca pidió mostrar información de uno de los celulares secuestrados a la mujer. El contenido había sido procesado por los peritos en las últimas horas, por eso la dieron a conocer luego de un cuarto intermedio ordenado por la jueza María Trinidad Chiabrera con el fin de que las defensas de los acusados accedieran al material.

En la previa de la jornada se percibía un clima poco habitual para una audiencia imputativa. La presencia de fiscales tanto en el público como conectados por vía virtual, de empleados de la Auditoría General del MPA, así como el reparo de algunos funcionarios y defensores ante la presencia de los medios, propició un ambiente que anticipó la polémica. Todo enmarcado en una situación compleja al interior del MPA en los últimos meses, donde hubo sanciones a fiscales y reacomodamientos en las unidades de investigación.

Con todo ese contexto, que aparenta ser complejo y con aspectos de una interna institucional de larga data, lo que se dieron a conocer son intercambios de mensajes de Edery. Lo que Socca mostró en pantalla fueron capturas de conversaciones de WhatsApp entre Ortigala y distintas personas, entre ellas con un contacto agendado como “Mati Fiscalía”, que sería del fiscal cuestionado.

Dichas conversaciones, de julio de 2021, pueden estar enmarcadas en el rol de informante que ocupaba Ortigala en la investigación de Edery contra Alvarado. Socca sugirió que pudieron existir irregularidades. Puntualmente aludió a una charla en la que Ortigala le envió a Edery el enlace de una noticia del portal Rosario 3 sobre una balacera a un comercio de Mendoza y Matienzo. La mujer le dijo al fiscal que sabía quién había cometido el ataque, pero según Socca el fiscal no brindó esa información a su par Federico Rébola, que investigaba el hecho. “A Rébola nunca le llegó esta información. Ya que que tanto valoran la información que brindó esta mujer, en este caso no llegó”, expresó.

En otra conversación Ortigala le preguntó al contacto agendado como “Mati” cómo transitaba su detención Alvarado, si estaba solo o en un pabellón. La respuesta fue: “Hace un año que Esteban habla con Carmona. Nosotros tenemos todas las escuchas. Así como hablaba acá puede hablar allá”.

“El teléfono intervenido es el de Carmona. Ahí está todo”, agregó. No trascendieron detalles del contexto de esa conversación ni quién es la persona mencionada como Carmona, lo cual generó resonancias por ser el mismo apellido que el del policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) asesinado la semana pasada.

Controversia

En ese marco se puso de manifiesto una fuerte controversia dentro del MPA por la utilización de informantes. La fiscal regional Iribarren les había comunicado a los fiscales Socca y Moreno que tenían vedada la posibilidad de comunicar en audiencia la identidad de la persona y la información que esa persona le transmitía a Edery en resguardo de su integridad y de los investigadores. En audiencia los fiscales señalaron el motivo que les imponía referirse a eso que les prohibían: el posible delito de su colega Edery.

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Fuentes judiciales precisaron que Iribarren había adelantado a sus subordinados que no podían difundir ni la información vertida por Ortigala, a la que imputaban, ni que ella era utilizada como informante de asuntos de sectores del campo criminal. En esa directiva la fiscal regional de Rosario también señalaba que Edery había comunicado a las autoridades superiores de los informantes que utilizaba y que eso estaba reglamentariamente admitido.

En definitiva lo que expusieron los fiscales en audiencia implicó una desobediencia a la instrucción de la fiscal regional que es su superior. El planteo de Iribarren se refería a que Ortigala ya había sufrido un atentado con cuatro balazos y que una persona muy próxima a ella que aportó copiosos datos en el juicio contra Alvarado, Carlos Argüelles, había sido asesinada. En la audiencia se señaló incluso que Ortigala había señalado que Guille Cantero utilizaba tres teléfonos distintos en su lugar de detención.

Al respecto, el fiscal Miguel Moreno dijo que Ortigala no estaba en peligro por lo que ellos divulgaran en la audiencia. “Quien eligió ponerse en peligro fue Ortigala. Llegó a la fiscalía a declarar contra Alvarado porque se cambió de facción, no porque quiso dejar de delinquir. No es ningún ejemplo para el sistema ni debería ser considerado útil. Mañana estará en otro lugar y declarará a favor de sus circunstanciales aliados. Es una aberración que haya sido una testigo protegida. Debió en todo caso ser incluida como arrepentida dentro de la estructura de Cantero. La comunidad tiene que saber por qué se le va a dar prisión preventiva. Esto es de máxima gravedad”, dijo.