La presencia argentina en la feria estuvo amenazada por un embargo que se logró evitar a último momento.

Hace un año, un ciudadano alemán, Christoph Wittig, que se consideraba defraudado por el default argentino, se acercó a los tribunales de Frankfurt con un pedido inquietante: solicitó que se embargue el pabellón de la Argentina en la Feria del Libro de esa ciudad. En la edición del año pasado la Argentina no era “invitada de honor”, pero tenía un interesante stand de poco más de 100 metros cuadrados.

El estudio de abogados Cleary, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que asesora a la Argentina en sus problemas con los bonistas, ya había tomado los recaudos del caso. La contratación del stand se había instrumentado a través de la Fundación Exportar, que formalmente no forma parte del gobierno argentino, ya que se trata de un ente mixto, con participación privada.

Pero este año Argentina debió presentarse con un stand nacional, y por lo tanto embargable. Este precedente, manejado en el gobierno con tratamiento de secreto de Estado, obligó a funcionarios de la Cancillería, abogados de la sede de Frankfurt del estudio Cleary, directivos de Exportar y funcionarios de la Procuración del Tesoro, a comenzar un frondoso intercambio de papers y reuniones para evitar que un inoportuno embargo aguara la presencia de la presidenta en una de las ferias culturales más prestigiosas del mundo.

Argentina contrató este año un mega stand que incluye tres islas. La mitad de este costo millonario deberá absorberlo la Fundación Exportar, que una vez más, por sugerencia del estudio Cleary, será el vehículo de la presencia argentina.