La crisis de 2001 alumbró un cambio de ciclo económico, que se caracterizó por un período inédito de alto crecimiento, fuerte rentabilidad empresaria y un patrón distinto de acumulación. Esta combinación permitió que el derrame de los resultados de este modelo se tradujera en una recuperación del empleo y del nivel de ingreso de los trabajadores incluídos en la economía formal.

  Pero como lo viejo que no termina de morir, o quizás como una bacteria funcional del nuevo ciclo, un núcleo duro de condiciones sociales propias de los 90 subsisten amparadas en el nuevo ciclo económico.

Un mundo de desocupados, ocupados en empleos precarios y asalariados en negro que se mueve en una economía de alta informalidad y bajos ingresos, un universo del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional y un 61% en el Gran Rosario, según surge de los resultados de la Encuesta de la Deuda Social que elabora el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) desde 2004.

  Esa entidad presentó recientemente en Rosario los resultados de la medición correspondientes a 2009, que monitorea la evolución de una serie de indicadores de déficit de las dimensiones de desarrollo humano y social en los principales aglomerados urbanos de la Argentina. El trabajo está coordinado por investigadores del Conicet, y más allá de las adscripciones ideológicas, no diverge sustancialmente en su diagnóstico, con evaluaciones oficiales, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que revela que más de un tercio de los trabajadores en relación de dependencia lo hacen en negro.

  Agustín Salvia, investigador del Conicet y director del Observatorio de la Deuda Social, explicó que los números de la informalidad son más impactantes en la medición de la UCA porque no se limitan a incluir en ese grupo a los asalariados informales sino a un universo más amplio que se mueve por fuera del llamado trabajo decente. “Nosotros nos referimos a la totalidad de la fuerza de trabajo que está fuera del mercado de empleo dinámico, esto inlcuye desocupados, ocupados en el sector de subsistencia, beneficiarios de planes sociales cuentapropistas y asalariados”, señaló y puso como ejemplo: “El cuentapropista es el 25% de la fuerza de trabajo, está técnicamente ocupado pero lo hace en un segmento de muy baja productividad”.

  La medición de la UCA abarca múltiples dimensiones relacionadas con las condiciones materiales y el desarrollo humano. Pero el mapa del empleo y los ingresos centraliza en buena medida los ejes explicativos del conjunto. Para ello clasifica el universo de la población laboral en empleo pleno de derechos, empleo precario, subempleo inestable y desempleo. A fin de 2009, donde cortó la úlitma encuesta, el 36,5% de los trabajadores se ocupaba en empleo de calidad; el 40,5% trabajaba en empleos precarios, el 11,8% subsistía en el universo del subempleo inestable y el 11,3% estaba desempleado.

En la región

  En el Gran Rosario las estadísticas, con matices, están en línea con las nacionales: 37,9% de empleo pleno, 41% de empleo precario, 10,4% de subempleo inestable y 10,7% desempleo.

  Desde sus primeros pasos, la encuesta arroja resultados que permiten marcar dos períodos claramente diferenciados, dentro de la posconvertibilidad. Uno de expansión del mercado laboral, asociado al crecimiento económico, que se extendió desde 2004 a 2007. En ese lapso, “la calidad de de las oportunidades laborales mejoró marcadamente, ya que el procentaje de trabajadores con empleo pleno de derechos pasó de 28% a 43,1% del total de activos, y la desocupación disminuyó de 18,8% a 9,8%” en todo el país, subraya el informe.

  Cuando el colchón que ofrecían a la rentabilidad empresaria la doble combinación de recesión y devaluación comenzó a erosionarse, la inflación irrumpió y comenzó a acotar la elevada elasticidad empleo-producto que caracterizó a ese período. La suba de precios, primero; el conflicto del campo, después, y finalmente la crisis financiera internacional, llevaron al mercado laboral a un período de estancamiento entre 2007 y 2009, que terminó con un 59% del total de ocupados insertos en empleos precarios e inestables.

  A nivel nacional, el empleo pleno de derechos pasó de 43,1% a 36,5%, mientras que el empleo precario pasó del 33,4% al 40,5% de la población activa. La desocupación pasó del 9,8% al 11,3%. En Rosario, la proporción de puestos de trabajo de calidad pasó del 41% al 37,9% de la PEA. El subempleo inestable se redujo de 12,6% a 10,4% y el desempleo subió de 9 a 7,4%.

Un techo infranqueable

  Salvia explicó que en 2010 se observa una recuperación respecto de la crisis de último año. Pero la fuerte heterogeneidad que caracteriza al mercado laboral permanece. “Hay un techo de entre 40% ó 45% de empleo formal que en este modelo no puede traspasar”, subrayó.

  Hay, en ese sentido, un barrera estructural difícil de cambiar. Por ejemplo, el 63,4% de la población activa del Gran Rosario que se ubica en el estrato socieconómico alto tiene empleo pleno de calidad. Pero sólo el 10,2% del segmento de menores ingresos tiene puestos de trabajos estables y en blanco. Es más, esa porción bajó desde el 19,5% en 2007, lo cual muestra cómo se ensañó la crisis con este sector.   

“La dinámica histórica demuestra que con cada crisis hay un golpe de crecimiento de la pobreza y de la informalidad, en 2009 este sector fue el más afectado y, si bien la economía se reactivó, el empleo se recupera a un ritmo más lento”, señaló del director del Observatorio. La hipótesis es inquietante: la economía mejora pero su derrame no incentiva el empleo formal sino que genera un mayor consumo en ese sector que luego gotea al sector informal, donde sí se recupera el trabajo.

  La tensión casi funcional entre formalidad e informal laboral se expresa en el ingreso. Según los resultados de la encuesta para todo el país, en el año 2009 los trabajadores del 25% de los hogares de mayor nivel socioeconómico obrtuvieron una retribución real promedio (2.640 pesos) fue 2,5 veces mayor que la de los trabajadores de hogares del 25% de menor nivel socioeconómico (1.049 pesos).

  Estos dos grandes campos, incluso, encriptan desigualdades más agudas, ya que “en materia de ingresos hay grupos familaires que viven con 700 pesos y grupos de asalariados que ganan de 5 mil a 10 mil pesos”, explicó Salvia.

Un piso más alto

  El estudio del Observatorio de la Universidad Católica no minimiza la fuerte mejoría que experimentaron las condiciones sociales en términos cuantitativos. Esto incluye la reducción del desempleo, la baja en los déficit de capacidad de consumo y la indigencia.

Al mismo tiempo, subraya el rol de las políticas públicas en las crisis. Capítulo aparte, en ese sentido, es el aumento de la cobertura jubilatoria.

  Pero el período de desaceleración y posterior crisis de empleo que va de fines de 2007 a 2009 pusieron en evidencia cómo este estancamiento se expresó con mayor crudeza en la pérdida de empleos, horas de trabajo y oportunidades de empleo de calidad en las poblaciones de los estratos socioeconómicos más bajos.

  Y aunque la marea económica volvió a subir, ya se vio qué sectores estaban desnudos. Se trata en definitiva, de la persistencia de los efectos de un proceso que se desarrolló durante la década de 1990 y que “confinó a gran parte de los trabajadores a una extrema vulnerabilidad, con escasas probabilidades de vincularse a una relación formal y de acceder a un trabajo decente”, concluye el informe.