El asesinato de un policía en Santa Fe, descripto en la página 28, expone la realidad del delito en la provincia en su expresión más trágica. Por la muerte violenta de una persona, en primer lugar, pero además porque el que la provoca es, en apariencia, un ser de 15 años, que sale de la infancia con una pistola en la mano.
  El intento de pensar es más difícil frente a la conmoción que provocan hechos así. Pero no hay que renunciar a hacerlo porque las soluciones no provienen de la bronca. Sólo la reflexión puede conducir a un diagnóstico sobre cómo estamos y a una estrategia de intervención. La bronca es algo comprensible ante casos así pero no da recetas ante una problemática que es reducible pero no solucionable. Con estrategias específicas y trabajo en el terreno, el delito puede atenuarse. Nunca eliminarse.
  Es oportuno plantearlo porque siempre habrá un delito resonante que nos indigne. En ese sentido los medios de prensa siempre tendremos uno o varios a mano para sustentar la idea de que vivimos en una crisis sobre el tema. Pero la gravedad del problema, su auténtica dimensión, no proviene de que podamos mostrar uno, cinco o diez casos, sino del contexto en que los pongamos.
  No son una sensación. Los delitos, como el crimen del policía, se producen. Lo que sí configuran sensaciones son las formas en que los delitos se cuentan.
  A inicios de noviembre el senador provincial Alberto Crosetti (PJ, Belgrano) justificaba la declaración de emergencia de seguridad en la provincia, en una nota que le hizo LT8, diciendo que en el departamento Rosario había 100 homicidios. La preocupación del senador, se notaba, era genuina y bienintencionada: un solo homicidio es una tragedia. Pero la cifra recreaba un escenario de alarma que, dicha sin matices, divulgaba la idea de un peligro acechante y continuo. El escrutinio caso por caso reporta que el 65 por ciento de esos 100 homicidios ocurrió en el marco de conflictos interpersonales y no en ocasión de robo, que es lo que genera un riesgo disperso, inespecífico, propio de la criminalidad abierta que pone como blanco a cualquiera en cada momento.
  Entonces, por situaciones de inseguridad, no hablábamos de 100 muertes sino de 35. Y en un espacio geográfico y poblacional vasto. No es lo mismo 35 muertes por delitos en un barrio que 35 muertes en un territorio donde viven (proyección 2008 del Censo 2001) 1.231.108 personas. A nadie que haya sufrido una pérdida fatal lo consolará ningún dato estadístico. Pero para medir problemas de criminalidad real —lo que debe disparar estrategias de política criminal— estos guarismos sí sirven. Y lo que dicen es que con una cifra de algo menos de 7 asesinatos cada 100 mil habitantes por año la provincia tiene una tasa de homicidios baja.
  Esto es irritante ante el caso concreto que será siempre conmovedor. No obstante el periodismo, si va a explotar el costado emotivo de los casos, al menos no debe renunciar a ponerlos en contexto.
  A esto tal vez se refería Hermes Binner cuando, de modo enredado y ningún sentido táctico, sostuvo que la inseguridad es una sensación. Quizá debió decir lo que dijo después: la criminalidad y el delito existen. El sentimiento de inseguridad, con sus miedos y alarmas derivados, es algo construido. Es inevitable: los medios, que no están allí cuando se producen, no reflejan los ilícitos. Sólo los elaboran narrativamente y no de manera unívoca.
  Una colega de este diario repasaba, en un debate interno sobre hechos de inseguridad y formas de reportarlos, una experiencia personal. Decía que la semana pasada caminó 20 cuadras por la noche en Rosario para ir a una cita, sacó dinero del cajero, volvió a su casa y nadie le robó, ni la siguió, ni la atacó. “Me preguntaba —decía ella— ¿bastaría mi testimonio para decir que no hay inseguridad en la ciudad?”
  Otro compañero reportó que en diez años de ir cada día a la misma parada de colectivos fue asaltado una vez de manera cruenta. “¿Qué le habría interesado más a muchos medios: que me robaron una vez en forma violenta o que cerca de tres mil noches no me pasó nada?”
  Hace unos meses un grupo de periodistas fuimos invitados a un debate con un Magister en Educación de Colombia, Omar Rincón, que se especializó en el abordaje mediático de la inseguridad. Mostró un trabajo en el que comparaba el espacio que en nueve países de Latinoamérica tenían los temas de inseguridad en la prensa en relación a la criminalidad real de cada país medida por organismos públicos.
  Su resultado fue muy interesante. Constató que el país con más noticias de inseguridad es El Salvador. Inmediatamente sigue Argentina. Por delante, incluso, de países como Colombia, México y Brasil, que pese a una violencia urbana mucho mayor —medida en tasa de homicidios o delitos contra la propiedad— asignan a estos fenómenos considerablemente menos espacio en sus medios de prensa.
  Rincón nos dijo que si se guiaba por los diarios argentinos al llegar a Ezeiza —”aún siendo yo colombiano”— debía temblar de miedo. Pero ya sabía que las noticias sobre inseguridad en Argentina tienen una construcción más exacerbada que en países con realidades criminales constatablemente más críticas.
  ¿Quería negar Rincón que en Argentina hubiera delito violento? Sin duda que no. Lo que planteaba es que la construcción de la noticia policial en Argentina, aunque genera escenarios de miedos profundos, es, como lo acaba de exponer la disparatada cobertura del caso Pomar, muy deficiente. Las fuentes son poco verificables, se enfatiza en el relato de la víctima, hay mínima contextualización y hechos muy atípicos se presentan como típicos.
  La mención de estas cosas, para algunos, sugieren abstracciones ante problemas concretos. O cantos de sirena. En realidad esos cantos ya se entonaron. Son las soluciones mágicas como la reforma Blumberg, que no pocos compraron envuelta en papel de seda, o asignar mayores facultades a la policía. Todas experiencias concretas que no hicieron bajar la criminalidad.
  Hay un espíritu en un sector de la policía que sigue diciendo que la inseguridad se combate “pateando puertas de ranchos” sin las molestas garantías constitucional que hoy les “ata las manos”. Es el mismo sector que no ve como problema que se sigan nutriendo sus cajas con fondos sucios del narcotráfico, de desarmaderos, de piratas del asfalto, del robo de ganado o, más abajo, de los vendedores callejeros, los prostíbulos y los boliches nocturnos. Con toda la violencia que eso gesta en la calle.
  Las estrategias contra el delito más eficaces son las que tienden a desmontar esas formas de cooperación entre delincuentes y uniformados que regulan los ilícitos. Y éstas se hacen con civiles y policías que sí están honestamente convencidos de que pueden apuntar hacia el desmantelamiento de esas y otras economías delictivas. Delitos dramáticos harán vibrar a cualquier gestión. La cuestión es no intentar enfrentarlos con recetas viejas presentadas como nuevas y probadas en su perpetuo fracaso.