El Concejo pidió al municipio detalles de los controles efectuados a los patovicas que trabajan en la noche rosarina. “El abuso de la fuerza y el maltrato del personal que no es idóneo trae aparejado muchas veces consecuencias no deseadas para ningún miembro de la ciudad”, plantearon los impulsores de la solicitud, los concejales del bloque del Partido del Progreso Social, Héctor Cavallero y Lorena Giménez.

El pedido de informes fue aprobado en la última sesión del cuerpo. Allí los ediles opositores solicitan detalles al Ejecutivo sobre el personal que efectúa trabajos de control de admisión y permanencia del público en locales nocturnos.

En concreto, la bancada del PPS pidió datos sobre los controles realizados y las sanciones aplicadas por el incumplimiento de la regulación nocturna, como así también la cantidad de personas registradas como personal que cumple tareas de admisión y permanencia.

Los concejales recordaron que la normativa vigente exige a los patovicas la realización de cursos de formación y capacitación básica en derechos humanos con orientación en al trato y convivencia con los jóvenes.

Y menciona como una de las incompatibilidades para ejercer esas tareas el hecho de ser miembro activo de las fuerzas armadas, de seguridad policial, organismos de inteligencias o personal municipal pertenecientes a reparticiones encargadas del control.

“Ante la gravedad de los hechos ocurridos recientemente que son de público conocimiento, es imperioso que la norma mencionada sea de estricto cumplimiento, dado que el abuso de la fuerza y el maltrato del personal que no es idóneo trae aparejado muchas veces consecuencias no deseadas para ningún miembro de la ciudad”, señalaron Cavallero y Giménez.

También se reiteró la necesidad de cumplir la ordenanza 8.546 del 2010 que se encuentra vigente pero pendiente de aplicación, que dispone la creación dentro de la web del municipio de un registro de la situación reglamentaria de los locales utilizados para entretenimiento nocturno.

Allí, cualquier ciudadano debe tener acceso a información detallada acerca de la denominación, ubicación geográfica, titulares, rubros en los cuales está habilitado, condiciones de seguridad, fecha de las inspecciones realizadas e irregularidades detectadas si las hubiera y sus sanciones correspondientes. 

Para los concejales, “el cumplimiento de estas ordenanzas debe ejecutarse de manera urgente, ya que son una herramienta más de seguridad y control”.

La Tienda apelará la caducidad en la Justicia

Los titulares del boliche La Tienda tienen prácticamente decidido apelar ante la Justicia la caducidad de la habilitación que dispuso el municipio sobre el local de Tucumán al 1100.

   El Ejecutivo dispuso esa medida administrativa en el marco de los avances de la causa penal que investiga la responsabilidad de los encargados de seguridad del pub en la trágica muerte del joven Gerardo Escobar.

   Cinco agentes de seguridad del local quedaron imputados y detenidos por decisión judicial, un patovica como presunto autor del homicidio, otros dos y dos policías como encubridores.

   Según uno de los abogados del dueño del espacio, Ignacio Carbone, la medida “fue apresurada y desmedida. Apresurada porque la investigación penal no está cerrada y desmedida porque el local prestó toda colaboración, mostró las imágenes de sus cámaras y demostró que dentro del local no hubo incidentes”.