La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reclamó al Congreso que el proceso que debe definir si será sometida a juicio político termine "lo más rápido posible", porque el país "no puede quedar esperando" por una decisión, por lo que pidió que no haya receso legislativo en enero.

Rousseff dio una conferencia de prensa después de escuchar los argumentos de una treintena de juristas que se oponen al juicio político.

La jefa del Estado pidió que el Congreso suspenda el receso que tiene previsto entre el 22 de este mes y el 2 de febrero, para que avance el complejo proceso para determinar si debe responder a un juicio político. La cámara de Diputados, mientras, pospuso para hoy la conformación de la comisión que debe analizar la conducta de la mandataria.

"Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero", dijo la mandataria, y aunque consideró "justo y legítimo" que las cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año, evaluó que pueden "volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes".

Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que el gobierno realizó en algunos balances de años pasados, y que según los órganos de contraloría del Estado fueron irregulares, no alcanzan para iniciar un proceso de destitución, aunque subrayó que esas cuentas deben ser analizadas y rechazadas o aprobadas por Diputados y el Senado.

"Brasiltiene una democracia pujante, con unas instituciones sólidas que deben actuar dentro del marco del Estado de derecho; somos capaces de convivir democráticamente y por eso la gran importancia del Estado de derecho y de la preservación de la más absoluta legalidad" para garantizar la "unidad" del país, afirmó Rousseff. La presidenta habló con la prensa después de reunirse con un grupo de unos 30 juristas con los que analizó las acusaciones en su contra. La presidencia divulgó una nota en la que afirma que "todos" los especialistas rechazaron el posible enjuiciamiento, porque en la acusación "no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad".

La apertura del proceso tiene que ser decidida por una comisión especial de la cámara de Diputados, formada por 65 legisladores de todos los partidos, que iba a instalarse ayer pero cuya conformación fue postergada hasta hoy. El grupo con el que se reunió la presidenta se denomina "Juristas en defensa de la Democracia", está integrado por abogados y constitucionalistas aliados del gobierno.