Una discusión no saldada plantea que vender repuestos de los que se ignora el origen es un delito. Lo que es elocuente es que existen negocios, obviamente no todos, en los que se comercializan partes robadas. Por ello en Capital Federal en lo que va del año se realizaron 40 allanamientos en la zona de la avenida Warnes, típica de locales del rubro, donde se completaron secuestros de 970 mil autopartes y repuestos sin documentación que respaldara su procedencia.

De esa cifra, había 31.917 puertas de coches, 10.611 capots y 11.514 puertas de baúl, según un informe de la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes, dependiente del Ministerio de Justicia.

El objetivo del mayor impulso al control es que muchas partes que ingresan ilegalmente en el mercado proceden de vehículos sustraídos a mano armada en situaciones violentas. Esos vehículos son posteriormente entregados para ser desarmados y vendidos como repuestos. El control de ese circuito ilegal presupone, entonces, combatir los delitos cruentos que a menudo derivan en hechos de gran repercusión pública, como homicidios.

El mes pasado hubo dos casos resonantes que generaron alarma y reclamos de seguridad vecinales: los crímenes de la arquitecta Renata Toscano, en Wilde el 17 de noviembre, y de la docente Sandra Almirón, en Derqui la semana pasada, en ambos casos para robarles el auto.

Anteayer el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, presentó un proyecto de modificaciones al sistema de enjuiciamiento en su provincia que limita las excarcelaciones para los autores de delitos de esta clase. Los cambios apuntan a agravar las penas en el uso de armas para cometer robos y la utilización de menores armados, propiciados por mayores de edad, para la comisión del delito.