En el marco de la causa que derivó del operativo que desbarató una banda a la que se le atribuyen unos 150 secuestros virtuales, ayer se produjo la primera condena a uno de sus integrantes. Una mujer fue hallada culpable de intentar extorsionar a la familia de un comisario y fue penada con 3 años de prisión efectiva. Al mismo tiempo, al principal imputado le atribuyeron dos nuevos hechos y le negaron la excarcelación mientras que sus familiares, todos ellos miembros de la comunidad gitana, amenazaron al fiscal que impulsa la pesquisa. Vale recordar que son seis las personas que están tras las rejas por integrar la asociación ilícita.
  La pena dictada ayer recayó en una mujer de 32 años que junto a su hermana fueron detenidas el 8 de junio pasado luego de intentar estafar a la esposa de un comisario bajo la modalidad del secuestro virtual. La condena llegó mediante un procedimiento de juicio abreviado homologado por el juez Juan Carlos Curto con acuerdo previo entre el fiscal Nicolás Foppiani y el abogado defensor Jorge Bedouret. Ese acuerdo incluyó un ítem en el cual el órgano acusador desistió de imputarle a la mujer otros hechos que le endilgaron cuando fue detenida pero que, con el devenir de la investigación no se lograron acreditar.

No les creyó. El hecho ocurrió el 8 de junio pasado cuando la víctima recibió un llamado telefónico en su casa asegurándole que su hija estaba secuestrada. Sin embargo, la mujer logró contactar a su hija y confirmar que se trataba de una extorsión, por lo cual siguió el juego de los estafadores mientras notificaba a su esposo policía de la situación.
  Advertido de lo que ocurría, el oficial notificó a sus superiores y rápidamente se montó un operativo que terminó cuando fueron detenidas las hermanas Yanina y Carina M. junto a dos menores de edad en el playón de estacionamiento del Hospital Italiano, hasta donde habían llegado en un Renault Duster.
  En ese momento las dos mujeres recuperaron la libertad, pero cayeron nuevamente detenidas el domingo 21 de junio junto a otras 17 personas en el marco de los resonantes allanamientos desplegados por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en viviendas de la comunidad gitana, en la zona sur de Rosario.
  Mientras que a Yanina M. sólo se le pudo probar la participación en la tentativa de la extorsión por la cual fue condenada ayer, el entrecruzamiento de datos y de intervenciones telefónicas de los acusados complican más a su hermana.
  Es que Carina habría participado en varios de los hechos investigados por Foppiani, por lo cual sigue detenida y sujeta al proceso.
  Como resultado de la compleja pesquisa y del desbaratamiento del grupo, fue notable el descenso de denuncias de secuestros virtuales de acuerdo a los registros de la central de emergencias 911, aspecto que para los funcionarios tiene directa relación con la detenciones.

Asociación ilícita. A fines de junio el fiscal Foppiani le imputó a 19 personas de integrar una asociación ilícita que realizó 136 secuestros virtuales y extorsiones con estafas que rondaron los 2.500.000 millones de pesos. De todos ellos aún hay seis detenidos, algunos bajo arresto domiciliario o con morigeración de la prisión preventiva, pero sujetos al devenir de la causa.
  A los acusados se les secuestraron 21 autos de mediana y alta gama, algunos sin patentar, joyas, electrodomésticos, muebles, artículos de electrónica, moneda extranjera, cheques y armas de fuego.
  El modus operandi del grupo consistía en hacer entre 150 y 200 llamadas por noche a teléfonos fijos de viviendas particulares de Rosario, generalmente de personas solas mayores de 65 años, hasta que daban con una víctima. Entonces montaban una escena donde le hacían creer que tenían a un familiar secuestrado y le pedían un rescate que le hacían dejar en bolsas de residuos (tipo consorcio) a la noche, junto a contenedores de basura o en lugares poco transitados. Allí entraba en acción otro integrante de la banda que pululaba en auto por toda la ciudad mientras esperaba la instrucción para recoger el botín.
  La investigación, que se basó en el entrecruzamiento de gran cantidad de impactos de llamadas en las antenas de radios y telefonía celular, aún no concluyó y se siguen instruyendo medidas, según confió ayer el mismo fiscal.

El líder del grupo sigue preso y suma acusaciones

Gustavo M., de 58 años y apodado “Masacote”, es uno de los acusados de integrar la asociación ilícita que se dedicaba a los secuestros virtuales. El hombre, integrante de la comunidad gitana, llegó ayer a Tribunales para que se revise su prisión preventiva pero en ese contexto el fiscal Nicolás Foppiani le imputó dos nuevos hechos: uno de estafa y otro de extorsión.
  Acompañado por familiares, el acusado siguió la fundamentación del fiscal, quien dijo que la noche del 12 de abril pasado y en complicidad con un hijo apodado “Valija” y otras personas no identificadas, sustrajo 40 mil pesos y 57 mil dólares a un vecino de la zona sur bajo la modalidad del secuestro virtual.
  El otro hecho ocurrió el 3 de junio a la mañana cuando “Masacote” se habría hecho pasar por el nieto de una mujer a la que llamó y le dijo que un amigo iría a su casa a buscar dinero porque debía hacer una transacción bancaria. La mujer cayó en la trampa y entregó 12 mil pesos y mil dólares a un cómplice del acusado que fue a su casa.
  El fiscal basó la acusación principalmente en el rastreo del Nextel de Gustavo M. además de las denuncias de las víctimas, las actuaciones policiales y los antecedentes de la megacusa. Pero la defensa integrada por los abogados Marcelo Piercecchi, Hernán Tasada y Marcelo Scaglia cuestionaron la imputación y pusieron en duda la efectividad de las pericias sobre las comunicaciones y los teléfonos.
  Los letrados analizaron que “no existen elementos luego de seis meses de investigación”, que involucren a su cliente en los hechos. Por eso solicitaron la libertad o subsidiariamente un arresto domiciliario por problemas de salud.
  Entonces se generó un entredicho con el fiscal cuando Scaglia recalcó que la audiencia era para revisar la prisión preventiva y se aprovechó para imputarle nuevos hechos, lo cual “es un abuso porque se vulnera el derecho a defensa y debido proceso”.
  El juez Juan Carlos Curto no hizo lugar al pedido de la defensa, aceptó la calificación legal y la imputación fiscal, y ordenó que Masacote siga preso. No obstante, autorizó el traslado de tres de los hijos del imputado (detenidos por la misma causa) para que sean alojados junto a su padre en el mismo penal.

El fiscal denunció  amenazas

Al finalizar la audiencia en la cual se ordenó mantener la prisión preventiva de Gustavo “Masacote” M. y aceptar la nueva acusación por dos secuestros virtuales, el fiscal Nicolás Foppiani fue amenazado por un grupo de mujeres de la comunidad gitana que aguardaban en el descanso de la escalera del primer piso de Tribunales que da a calle Moreno al 1600. Por ese motivo el funcionario radicó una denuncia penal por intimidación pública y amenazas en el Centro Territorial de Denuncias (CTD) ubicado en la mismo edificio de la Fiscalía Regional.