El ex guerrillero chileno Sergio Apablaza Guerra seguirá en libertad mientras el gobierno argentino resuelve si lo extradita a su país o lo acoge como refugiado político, aunque tendrá prohibido salir del país y deberá presentarse todas las semanas ante la Justicia.

La resolución fue adoptada ayer por el juez federal Claudio Donadío, quien citó en su despacho y notificó al ex jefe del guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado por la Justicia de Chile del homicidio del senador derechista Jaime Guzmán y del secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio. Ambos hechos se produjeron en 1991, más de un año después del fin de la dictadura del general Augusto Pinochet y ya en pleno gobierno democrático.

El canciller Héctor Timerman aseguró que el pedido de extradición de Apablaza "es un tema que requiere de cierta serenidad para ser analizado" porque "las relaciones en estos momentos son excelentes con el presidente (Sebastián) Piñera y un diálogo constante con Chile".

Desde la oposición, el senador Samuel Cabanchik opinó que el gobierno nacional debería aceptar el pedido de extradición porque "no puede hacer caso omiso al reclamo que hace un país en el que todos los estamentos de una República funcionan sin ningún tipo de condicionamientos".

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, señaló que sus sospechas acerca de que el guerrillero "debe tener alguna protección o vinculaciones con algún sector del gobierno", y por eso todavía no fue extraditado.

"La presidenta (Cristina Fernández) no puede hacer lo que desea hacer, que es otorgarle impunidad. Si hace esto, genera un conflicto en la región sin precedentes y se enfrenta con Chile de manera injusta", opinó.

Cristina y Piñera conversaron el sábado último en Santiago sobre el pedido de extradición de Apablaza, sobre el que Chile viene insistiendo.

La Corte Suprema autorizó la semana pasada la extradición de Apablaza a Chile por entender que los crímenes de los que se lo acusa "son ajenos a la tradicional noción de delito político", aunque resguardó la atribución del Ejecutivo de concederle la categoría de refugiado político.