Un tribunal penal de Eldorado, en la provincia de Misiones, absolvió finalmente ayer a María Ovando, una madre analfabeta que fue juzgada y detenida más de un año acusada de dejar morir a su hija de tres años, que estaba desnutrida. La figura penal contra la imputada fue "abandono de persona agravado por el vínculo".

Tras el fallo del tribunal que además ordenó la inmediata libertad, Ovando aseguró que "se hizo justicia" y que esperaba reunirse "pronto" con sus hijos. En todo este tiempo que duró la causa, tras la muerte de la criatura de nombre Carolina acaecida en marzo de 2011, permaneció detenida.

El juicio a Ovando convocó la atención de cantidad de organizaciones defensoras de género y de derechos humanos, que entienden que el proceso representó cierta "criminalización de la pobreza".

Indigente y madre de 12 hijos, en situación de extrema pobreza y abandono, Ovando salía a trabajar y dejaba solos a los nenes que tenía a su cargo.

Antes de conocerse el fallo y haciendo uso del recurso de última palabra, la acusada relató ante el tribunal lo ocurrido el día que murió su hija. Con lágrimas en los ojos dijo: "Ese día amaneció con un fuerte dolor de panza; yo no tenía plata pero igual salí a la ruta para llevarla al hospital, pero no me dio el tiempo porque no paró nadie. Ella murió en mis brazos".

Aseguró que le dolía lo que pasó, recordó que su marido la golpeaba y que vivía con sus hijos "en una casita muy chiquitita", sin luz y agua. Luego pidió: "Quiero tener de vuelta a mis hijos".

Los organismos de derechos humanos argumentaron que "ni siquiera el fiscal pudo probar de qué la acusaba".

Federico Rodríguez, tal el nombre del fiscal, quien había pedido una pena de cinco años, admitió no poder "responsabilizarla por la muerte" a la mujer.

Pero en su alegato, dijo que el contexto de pobreza estructural no esgrimía a Ovando de responsabilidades. "Acá no se juzga la pobreza sino un acto cruel e inhumano contra los hijos, en este caso una nena de tres años", afirmó, y puso en duda la moralidad de la acusada.

La defensa de Ovando había solicitado desde un principio su absolución. El abogado defensor, Eduardo Paredes, dijo que si el fiscal no pudo describir claramente de qué acusaba a María esta causa nunca debió haber llegado a juicio.

El abogado destacó que el juicio desnudó el incumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de denunciar la situación de riesgo en la que vivían María y su familia.

Además de considerar que "María se merece que le pidan disculpas", apuntó a la falta de mecanismos del Estado para garantizar los derechos vulnerados de la mujer y sus pequeños hijos.

"María es la que buscaba comida, el techo, sus parejas no reconocieron a sus hijos, y el Estado violó los derechos de los niños. María hizo lo que pudo", señaló el letrado.

"A Ovando no se la puede condenar porque el Estado no tiene base ética para condenarla; le violaron los derechos a los niños, y dentro de lo que pudo ella hizo todo", agregó.

Ovando vivía con un sueldo de 170 pesos por mes. "No imaginaba que iba a quedar libre, pero era injusto lo que me estaban haciendo", dijo ayer.