Un grupo de abogados penalistas rosarinos presentarán un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia ante una reiteración de sanciones disciplinarias impuestas por magistrados en distintas causas. En el escrito dirigido al máximo tribunal, los profesionales plantean que esos apercibimientos operan como un “mensaje aleccionador” para que no se presenten objeciones ante los jueces y recursos para que se aceleren las causas. Solicitarán que se respete el “derecho a ser oídos” de los defensores antes de que se imponga una sanción.
  El escrito está dirigido al presidente de la Corte santafesina, Roberto Falistocco, con copia al Colegio de Abogados de Rosario, al tribunal de ética del Colegio de Magistrados y a la Cámara Penal de Rosario. Enumera “una serie de hechos que afectan gravemente el libre ejercicio de la profesión y la libertad de defensa” y que consisten en sanciones disciplinarias impuestas por jueces a abogados, reparos éticos con notificación al tribunal de ética del Colegio de Abogados y advertencias de separación del cargo.
  “Es un problema que se está generalizando con otros colegas. Estas sanciones son un mensaje aleccionador para el que quiera sacar los pies del plato. Queremos que la Corte de la provincia se haga eco de la situación y tome cartas en el asunto”, dijo el penalista Carlos Edwards, firmante del escrito junto a los abogados Carlos Varela, Adrián Martínez, Froilán Ravena, Marcos Cella, Paul Krupnic, Germán Mahieu, José Luis Vázquez, José Nanni, Gonzalo Miño y Guillermo Llaudet.
  La imposición de sanciones disciplinarias a los abogados es una facultad de los jueces dispuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial y consiste en planteos de prevención, llamados de atención, multas o la separación del cargo. Esos apercibimientos, según el escrito, fueron realizados “ante la presentación de recusaciones, prontos despacho, pedidos de nulidad o cualquier otro planteo defensivo”.
  Esto, para los abogados, “implica una verdadera violación a la libertad necesaria para el ejercicio de la profesión. La aplicación de esas advertencias evidencia la molestia que provoca en los magistrados penales la articulación de determinados planteos defensivos”. Además, plantearon que “la formulación de peticiones de ninguna manera puede interpretarse como una actividad procesal entorpecedora sino el legítimo ejercicio de defensa”.
  Por esto, los penalistas solicitarán a la Corte que se disponga por acordada que, antes de que los jueces apliquen el régimen disciplinario, escuchen a los abogados interesados “en el término de tres días”. Señalaron que así fue reglamentado por la Corte nacional (para los tribunales federales y de Capital Federal) en una acordada del 21 de octubre pasado, para que “se respete el derecho a ser oído de quien pueda aplicársele una sanción disciplinaria”, en resguardo del debido proceso y de pactos internacionales de derechos humanos.