La empresa que se presentó había realizado una denuncia por direccionamiento del pliego de licitación internacional hacia el actual concesionario, que finalmente eligió no participar del proceso
Hidrovía. El 80% de las exportaciones de la Argentina salen por los puertos que están en los ríos Paraná y Paraguay.
Sorpresa. Se presentó un sólo interesado en la licitación para la concesión del dragado de la Vía Navegable Troncal (VNT) de los ríos Paraguay y Paraná, más conocida como la hidrovía. Este miércoles era el primer paso del proceso, se realizó la apertura de sobres con la oferta técnica de los oferentes. Para sorpresa del gobierno la única empresa que envió su carpeta fue la belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (Deme).
Se trata de la misma compañía que había denunciado que el pliego de licitación estaba direccionado para que ganara Jan de Nul Grup, anterior licenciatario de la concesión hasta 2021, que continúa dragando la hidrovía bajo un contrato con la ex Administración General de Puertos (AGP).
Hora la licitación podría ser declarada desierta al no contar con al menos tres competidores, al menos desde el gobierno se había comunicado que debía haber más de un oferente para darle continuidad al proceso.
El dragado y mantenimiento de la hidrovía es un negocio de gran envergadura. Según fuentes especializadas, la facturación anual por el cobro de peajes alcanzaría los u$s410 millones, lo que representaría u$s 12.300 millones en tres décadas. De acuerdo con estimaciones oficiales, descontando el gasto en infraestructura, el concesionario obtendría una ganancia neta del 12% sobre el total facturado.
El 19 de noviembre de 2024 el gobierno nacional lanzó oficialmente la licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Hidrovía y desde entonces hubo cruces entre las partes y actores involucrados.
Se informó que hubo 11 compañías que participaron del proceso enviando propuestas, pero solamente Deme confirmó su interés y presentó su oferta.
El último hecho que se había conocido era que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio para la concesión. En su dictamen, emitido en el marco del Expediente PIA n.º 126/2022, el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez y el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti subrayaron la "trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y su función clave para el comercio regional e internacional".
Entre las principales observaciones, el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas advirtió sobre la "inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados" y la falta de cumplimiento de las disposiciones del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que requería la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones.
Además, la PIA recibió denuncias por parte de potenciales oferentes que señalaron "un posible direccionamiento hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal". Esta situación, también observada por un grupo de diputados nacionales, afecta directamente los principios de "igualdad, transparencia y concurrencia", que deben regir los procedimientos de selección de contratistas del Estado.
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El organismo fue tajante al advertir que los errores en la elaboración de los pliegos podrían tener consecuencias graves: "Los errores u omisiones en las cláusulas de los pliegos pueden conducir a un procedimiento y una adjudicación pasibles de reproches administrativos o incluso penales".
La PIA ya había intervenido en la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021 para el dragado de la vía navegable troncal, en la que observó "diversas irregularidades durante el desarrollo del procedimiento" y propuso una serie de recomendaciones para evitar que estas situaciones se repitieran.
Finalmente, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de "juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad", y destacó que "toda contratación debe subordinarse a estos principios, que no solo emanan del ordenamiento jurídico interno, sino también de compromisos internacionales asumidos por el país".
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